Un informe reciente elaborado por GAD3 y presentado en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), en colaboración con SOS Rural, ha revelado que más de la mitad de los españoles (56%) se opone a la instalación de plantas solares en terrenos de cultivo. El estudio, que analiza la percepción de la población española sobre las plantas fotovoltaicas, refleja una creciente preocupación por los efectos que estas instalaciones pueden tener sobre la agricultura, el paisaje rural y la soberanía alimentaria.
El evento, celebrado en Madrid, sirvió para presentar los resultados de una encuesta nacional que pone de manifiesto el escaso conocimiento que tienen los ciudadanos sobre el impacto de las plantas solares. Uno de cada dos españoles desconoce la posibilidad de que las plantas solares puedan instalarse en tierras de cultivo, a pesar de que la mayoría de los encuestados se opone a esta práctica. Además, el estudio indica que un 70% de la población cree erróneamente que son las propias empresas solares las encargadas de gestionar los residuos industriales que generan estas instalaciones al final de su vida útil, cuando en realidad esa responsabilidad recae en los propietarios de los terrenos.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el amplio desconocimiento sobre la gestión de los residuos generados por las plantas solares. Solo el 6% de los encuestados sabe que los propietarios de los terrenos, a menudo pequeños agricultores, son los responsables de gestionar los residuos industriales generados por estas plantas. Esta falta de información refleja una desconexión entre las políticas de energía renovable y la realidad de los propietarios rurales, que a menudo enfrentan cargas económicas y de gestión inesperadas al aceptar la instalación de placas solares en sus tierras.
Además, el estudio muestra que el 75% de los españoles afirma conocer la existencia de plantas solares, pero pocos tienen una comprensión profunda de su impacto real. Un tercio de los encuestados desconoce el tamaño medio de estas instalaciones, lo que subraya el nivel de desinformación en torno a la proliferación de macroplantas fotovoltaicas en el territorio nacional.
Uno de los temas más discutidos durante la presentación del informe fue el impacto negativo que las plantas solares pueden tener en la agricultura. Según el estudio, 7 de cada 10 españoles consideran que la expansión de las instalaciones solares en suelos agrícolas reduce significativamente la cantidad de tierra disponible para el cultivo, lo que puede afectar directamente a la producción de alimentos. Este impacto es particularmente preocupante en un contexto en el que la seguridad alimentaria es cada vez más relevante, y donde muchos temen que la instalación de plantas solares en tierras fértiles pueda comprometer el suministro de alimentos.
En este sentido, SOS Rural ha alertado sobre el riesgo de cambiar la soberanía energética por la soberanía alimentaria. “Los ciudadanos quieren una sociedad más sostenible, pero no a cualquier precio”, señaló Javier Poza Llorente, secretario general de la organización. “No podemos permitir que la transición energética comprometa la capacidad de España para producir sus propios alimentos. Es fundamental que ambas soberanías, la energética y la alimentaria, sean compatibles”.
El informe también pone de relieve que la instalación de plantas solares en tierras de cultivo puede contribuir a la despoblación rural, uno de los problemas más graves que enfrenta el campo español. La pérdida de tierras de cultivo y la transformación del paisaje rural debido a la proliferación de placas solares están provocando que muchas comunidades rurales pierdan habitantes y recursos, lo que a su vez afecta al tejido social y económico de estas áreas.
Percepción negativa sobre las beneficiarios de las plantas solares
Otro aspecto destacado del estudio es la percepción que tienen los españoles sobre quiénes son los principales beneficiarios de las plantas solares. Según la encuesta, la mayoría de los ciudadanos (más del 75%) cree que las grandes empresas multinacionales son las principales propietarias de estas instalaciones y, por tanto, las más beneficiadas por su existencia. Solo uno de cada cuatro encuestados cree que la población en general se beneficia de la energía solar, y apenas el 19% considera que el medioambiente es el principal beneficiado.
Este escepticismo hacia las grandes empresas se refleja también en las razones que los españoles atribuyen a la expansión de las plantas solares en el país. Aunque la mayoría reconoce que su instalación está vinculada al cumplimiento de los objetivos de transición energética, muchos también mencionan factores como el greenwashing, los incentivos económicos y la presión de los lobbies empresariales como motivos para su proliferación.
El informe de GAD3 también arroja luz sobre la percepción que tienen los trabajadores del sector primario, especialmente los agricultores, sobre las plantas solares. Según los datos, las personas que trabajan o han trabajado en el sector agrícola son las que más perciben los efectos negativos de la proliferación de plantas fotovoltaicas. Estos grupos laborales son los más conscientes de los riesgos que las instalaciones solares representan para la calidad del suelo, el paisaje y la fauna local, así como para la viabilidad económica del sector agrícola.
El 81% de la población española afirma no haber notado una mejora en su economía familiar a raíz de la proliferación de plantas solares, una percepción que es aún más fuerte entre los trabajadores del sector primario. Para muchos agricultores, la expansión de las plantas solares en terrenos agrícolas representa una amenaza directa a su sustento, ya que limita el acceso a tierras de cultivo y aumenta la competencia por recursos como el agua y los nutrientes del suelo.
Durante la presentación del informe, varios expertos coincidieron en la necesidad de un marco regulador específico que proteja las tierras de cultivo de la expansión descontrolada de las plantas solares. Javier Poza Llorente, secretario general de SOS Rural, insistió en la importancia de evitar que se repitan errores del pasado, donde el desarrollo industrial y energético ha tenido un impacto irreversible en el medio natural y en las comunidades rurales.
“Sin un marco normativo que proteja las tierras de cultivo, España corre el riesgo de perder su capacidad de producir alimentos de manera sostenible”, advirtió Poza Llorente. “La expansión de las plantas solares no debe hacerse a expensas de la agricultura, que es un pilar fundamental de nuestra economía y nuestra sociedad”.
El estudio de GAD3 concluye que, si bien las plantas solares son una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático, su desarrollo debe estar cuidadosamente planificado para garantizar que no se comprometan otros aspectos esenciales de la sostenibilidad, como la producción de alimentos, el paisaje rural y la viabilidad de las comunidades agrícolas.
En definitiva, el informe subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo de energías renovables y la protección del sector agrícola y el medio rural. Los ciudadanos españoles, según se desprende del estudio, están a favor de un modelo de transición energética que respete tanto el medioambiente como la agricultura, y que no ponga en riesgo la soberanía alimentaria del país.
Con esta visión en mente, SOS Rural y otras organizaciones seguirán trabajando para garantizar que las políticas de energía renovable se desarrollen de manera que beneficien a todos los actores implicados y promuevan un desarrollo sostenible y equilibrado.
