El “Plan de Balsas” de la Junta de Castilla y León ha generado críticas de ASAJA León, afirmando que no refleja la realidad agraria de la provincia.
Una Mirada al Plan de Balsas
Publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), el Plan de Balsas busca mejorar las explotaciones de ganadería extensiva mediante la instalación de infraestructuras hídricas. Los ayuntamientos son los principales beneficiarios designados para recibir estas ayudas, lo cual ha suscitado preocupaciones específicas en León.
ASAJA León argumenta que el plan no considera la realidad leonesa, donde los terrenos de pastos son propiedad mayoritariamente de juntas vecinales y no de ayuntamientos. Esta discrepancia en la estructura de propiedad sugiere que León no se beneficiaría adecuadamente de las medidas propuestas.
La Propuesta de ASAJA: Ampliar Beneficiarios
ASAJA León solicita una revisión de la Orden AGR/1358/2023 para incluir a las juntas vecinales como beneficiarios potenciales. Según la asociación, esta modificación es crucial para que el plan sea efectivo y beneficioso para la provincia.
Obstáculos Administrativos y Ambientales
La obtención de permisos para este tipo de infraestructuras se presenta como otro desafío. Las confederaciones hidrográficas y la Consejería de Medio Ambiente suelen imponer procesos complejos, lo que podría limitar la realización efectiva del plan.
Una Solución Propuesta: Coordinación Interinstitucional
Para superar estos obstáculos, ASAJA León recomienda la creación de un mecanismo de coordinación provincial que involucre a todas las partes interesadas, incluyendo las confederaciones hidrográficas, la Junta y la Diputación. Este enfoque colaborativo podría facilitar la implementación de las balsas ganaderas.
El éxito del “Plan de Balsas” es vital para el futuro de la ganadería extensiva en León. Una implementación eficaz del plan podría significar un avance importante para el sector agrario de la región. Sin embargo, es esencial que el plan se ajuste a las realidades locales y considere todas las estructuras de propiedad de los terrenos.
El caso de León ilustra la necesidad de un enfoque más inclusivo y representativo en la planificación y ejecución de políticas públicas en el ámbito rural. Adaptar las políticas a las particularidades locales no solo beneficiará a León, sino que también servirá de modelo para otras iniciativas de desarrollo rural en Castilla y León y más allá.
