- El actual régimen de oligopolio hace ricas a las empresas privadas yeleva de forma desmedida los costes de las ganaderías
La organización agraria ASAJA ha pedido a la Junta de Castilla y León que el servicio de recogida y destrucción de cadáveres de animales domésticos sea considerado un servicio público y por tanto regulado por una concesión administrativa, al objeto de evitar el «oligopiolio» en que se está convirtiendo al tener las empresas repartido el territorio regional, por lo tanto no hay libre competencia en el mercado, y fijan precios por el servicio que son muy altos, lo que perjudica al ganadero, que tiene que asumir un mayor coste. Pero no solamente perjudican al ganadero, pues perjudican también a las administraciones –Junta y el Ministerio de Agricultura–, ya que al subvencionar el seguro que suscriben los ganaderos para recibir el servicio, el importe de esta subvención y por tanto el gasto público son mayores cuanto más altas son las tarifas que cobran las empresas.
Con la entrada en vigor del Plan de Seguros de 2013 se ha encarecido el seguro de recogida de cadáveres de diferentes especies, en particular el porcino y el aviar, ya que ha variado el importe de la subvención. Ante los altos costes que está suponiendo para los ganaderos de estas especies, la mayoría de las gestoras que operan en diferentes territorios han reducido sus tarifas, pero en Castilla y León únicamente lo han hecho en Segovia. De esta manera, los ganaderos de porcino de las otras ocho provincias de Castilla y León están pagando por la recogida de cadáveres casi el 22% más que los ganaderos segovianos, y además, la Junta y el Ministerio se ven obligados a aportar un 22% más de subvención, ya que está calculada sobre el coste de la póliza, de la que por cierto no se beneficia el sector. Todo esto provoca que en Segovia la recogida y destrucción de cadáveres de porcino se cobra a 22 céntimos de euro el kilo, en el resto de provincias se cobra a 28 céntimos, ocasionando a los ganaderos una desventaja competitiva por los mayores costes, y a las administraciones públicas un mayor gasto que únicamente redunda en beneficio de empresas privadas.
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