Tirando de datos oficiales, el Partido Castellano denuncia que el 25 por ciento de los establecimientos de turismo rural de la provincia son ilegales. Son aquellos establecimientos que no se han adaptado al Real Decreto de Turismo Rural de la Junta de Castilla y León, pero también los que nunca antes habían contado con ningún tipo de permiso, lo que haría una cifra total de 100 alojamientos rurales. Una situación “grave”, a juicio de los castellanistas, que pone en “riesgo” a los turistas y que sigue ahondando en la competencia desleal del sector.
La formación recuerda que el plazo dado por el Gobierno Regional para adaptarse a la nueva regulación finalizó el 21 de diciembre del pasado año, tras una prórroga de diez meses, puesto que la fecha límite inicial era de marzo. Sin embargo, en Castilla y León se cuenta aún con un 15 por ciento de los establecimientos que no se han adaptado, un porcentaje que en Burgos asciende al 25 por ciento, lo que significa que “la Junta no vela por el cumplimiento de su propia legislación”, insisten en el PCAS, ni por ofrecer unos mínimos de calidad en turismo rural.
“Da la sensación de que los ilegales cuentan con la connivencia de la autoridad competente”
Por ello, los castellanistas le piden al Gobierno Regional que todos los alojamientos que no cumplan con la nueva normativa dejen de aparecer en las guías oficiales, pierdan su condición de establecimiento turístico y se les sancione cuando “persistan en la ilegalidad”. Además, el Partido Castellano recuerda que estas fechas de Semana Santa son idóneas para que se practiquen controles que permitirían descubrir estas ilegalidades, así como otros comportamientos fraudulentos, los de aquellos que regentan un establecimiento hostelero sin permisos.
Más inspecciones
La formación considera necesario que, en colaboración con la Agencia Tributaria, se realicen inspecciones para detectar negocios que no están dados de alta como actividad económica o empresarios que no pagan la Seguridad Social y las habitaciones y casas alquiladas por temporadas sin control de la administración. “La implicación de la Junta en atajar esta serie de irregularidades es mínima, explicitando una desidia absoluta”, denuncian los castellanistas, tras recordar que Burgos solo cuenta con un inspector.
“Da la sensación de que los ilegales cuentan con la connivencia de la autoridad competente”, insisten, mientras recuerdan que este tipo de situaciones potencian la competencia desleal en el sector del turismo rural, sin ayudar ni a crear empleo, ni a fijar población ni a dinamizar la economía. “Los ilegales eluden pagar impuestos y dañan la imagen del sector”, apuntan desde el Partido Castellano.
