Las parcelas de cultivo abandonadas, cada vez más frecuentes en la Comunitat Valenciana, se han convertido en un reservorio de fauna salvaje y en un foco de plagas e incendios potenciales. Esta es la advertencia que lanza LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, que ha presentado una moción formal para que la Generalitat habilite una línea de ayudas urgentes dirigidas a los ayuntamientos, con el fin de realizar un censo de parcelas agrícolas abandonadas y llevar a cabo labores de limpieza y mantenimiento preventivo.
Desde la organización agraria se insiste en que el problema es estructural y no puede recaer exclusivamente en los municipios, los cuales no disponen de recursos humanos ni materiales suficientes para hacer frente a esta problemática de forma efectiva.
Pérdidas millonarias por la fauna salvaje y riesgos de incendio
La proliferación de fauna salvaje, en especial conejos y jabalíes, está teniendo un impacto muy negativo en el sector agrícola valenciano. Según los datos aportados por LA UNIÓ, las pérdidas en las explotaciones agrarias superaron los 50 millones de euros durante el pasado año, a causa de los daños provocados por esta fauna en los cultivos.
Además, el abandono de campos está directamente relacionado con el incremento de conatos de incendios, especialmente en zonas periurbanas o cercanas a explotaciones agrícolas activas. Estas parcelas acumuladas de vegetación seca actúan como combustible natural en un contexto de altas temperaturas estivales, agravando el riesgo de fuego. En diversos municipios ya se han registrado situaciones de riesgo real tanto por la acción de animales como por la presencia de materiales inflamables sin control.
La iniciativa de LA UNIÓ: coordinación y financiación autonómica
Ante esta situación, LA UNIÓ plantea una propuesta concreta: que la Generalitat Valenciana asuma de manera urgente el liderazgo de este problema estructural, y lo haga con una respuesta coordinada entre administraciones y dotada de recursos económicos. La moción solicita el diseño de una línea de ayudas específica dirigida a los ayuntamientos, con el objetivo de:
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Realizar censos locales de parcelas abandonadas.
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Implementar actuaciones de limpieza y mantenimiento sobre dichas superficies.
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Prevenir riesgos sanitarios, ambientales y económicos asociados a su abandono.
La propuesta subraya que esta línea de ayudas debería ser financiada con la colaboración de distintas Consejerías, no solo Agricultura, sino también Medio Ambiente, Infraestructuras, Emergencias y Desarrollo Rural.
El papel de los ayuntamientos y la ineficacia de las sanciones
Muchos ayuntamientos han intentado abordar el problema mediante requerimientos a propietarios para que limpien sus parcelas. Sin embargo, los resultados han sido mínimos. Las sanciones propuestas rara vez se aplican, y cuando se hace, el proceso administrativo suele ser lento y poco efectivo.
Por ello, delegar toda la responsabilidad en los consistorios no es viable. LA UNIÓ defiende que solo una acción coordinada, financiada y transversal desde la Generalitat puede ofrecer soluciones reales a este fenómeno creciente.
Solicitud de respaldo institucional y visibilidad pública
Además de la moción, LA UNIÓ solicita a los Ayuntamientos que, en caso de aprobar la propuesta, trasladen el acuerdo a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, así como a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. También se insta a remitirlo a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, con el fin de que el debate llegue a escala autonómica.
Del mismo modo, se pide que los acuerdos municipales sean difundidos públicamente a través de los canales institucionales locales y comarcales, para que la ciudadanía conozca el apoyo político al sector agrario local y a la defensa de sus cultivos y explotaciones frente a amenazas como la fauna salvaje o los incendios.
Una llamada a la acción frente a un fenómeno en expansión
El abandono de parcelas agrícolas ya no es solo una cuestión de productividad o paisaje rural. Se ha transformado en un problema con consecuencias directas sobre el medio ambiente, la biodiversidad, la seguridad y la economía agraria. La moción de LA UNIÓ pone sobre la mesa una realidad que afecta a miles de hectáreas, genera pérdidas económicas millonarias y amenaza la sostenibilidad del entorno rural.
Solo con una respuesta política clara, decidida y respaldada económicamente, será posible frenar esta degradación silenciosa del paisaje agrario valenciano.
