La provincia de Palencia continúa entre las zonas de España donde se cobra un precio más alto por la recogida y destrucción de los animales muertos en las explotaciones ganaderas. El precio medio que recibe la empresa gestora autorizada en Palencia es de 0,5176 euros por kilogramo, que prácticamente duplica el de otros territorios de Castilla y León, como Ávila, Salamanca y Segovia. ASAJA-Palencia, que ya ha expresado su queja por ese agravio, vuelve a reclamar explicación sobre las razones objetivas para esas diferencias tan grandes dentro de nuestra comunidad y en el conjunto de España. A escala nacional, los precios van desde los 0,2038 €/kg que cuesta en algunas zonas de Salamanca a los 0,594 €/kg del Principado de Asturias, un máximo que no está muy lejos de la tarifa que se aplica en la zona de Guardo (0,5668 €/kg).
A raíz de surgir en 2000 en España el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (el popularmente conocido como «mal de las vacas locas», empezó a aplicarse un reglamento europeo para evitar su contagio y el de otras enfermedades espongiformes transmisibles, donde se clasificó los subproductos animales y se dictaminó la gestión adecuada de cada uno. Salvo excepciones, esos subproductos animales deben recogerse, transportarse y transformarse o eliminarse en instalaciones autorizadas. A efectos prácticos, el reglamento impuso la obligatoriedad de retirar del campo los cadáveres de los animales de abasto, con especial atención a los rumiantes con Materiales Especificados de Riesgo.
El problema se abordó en España con la creación de un seguro de retirada que gestiona la agrupación de empresas aseguradoras Agroseguro, y que se lleva a efecto mediante contratos con empresas gestoras autorizadas para recoger y destruir los animales muertos en las explotaciones. En Palencia efectúa este servicio la empresa Gesucas.
LAS TRES ZONAS, EN LA PARTE ALTA
Los servicios técnicos de ASAJA-Palencia han vuelto a comprobar que la provincia de Palencia, pese a las quejas de esta organización, se mantiene como una provincia con los costes de retirada más altos de toda España. En concreto, en la comarca de Guardo (0,5668 €/kg) solo se ve superada por Asturias (0,594 €/kg). Cantabria ocupa el tercer puesto (0,531 €/kg), seguida por el resto de la provincia palentina (0,5096 €/kg), que abarcan las áreas de Aguilar, Boedo-Ojeda, Campos y Cerrato, donde no se aplica ni los precios de la comarca de Guardo, ni los de las zonas de Cervera y Saldaña-Valdavia, donde baja a los 0,4763 €/kg, que aun así se sitúa en la parte alta y por encima de cualquier otro territorio de Castilla y León.
En algunas regiones pluriprovinciales, se aplican precios únicos para todo el territorio, como sucede en Castilla La Mancha (0,23 €/kg), Extremadura (0,26 €/kg) y Comunidad Valenciana (0,31 €/kg), donde se están aplicando precios inferiores a los de Palencia (prácticamente la mitad). En esa horquilla (0,23-0,31) se encuentran también provincias castellanoleonesas como Burgos, Valladolid, Ávila, Segovia y Salamanca.
PÓLIZAS MÁS CARAS
La inmensa mayoría de los ganaderos tienen incluidos en sus seguros estos costes, lo que eleva en términos absolutos y comparativos los precios de sus pólizas, sin que ASAJA-Palencia conozca qué razones objetivas existen para esas diferencias. Ciertamente, en la zona alta de la tabla están dos de las comunidades autónomas —Asturias y Cantabria— con una orografía más complicada, que explicaría en parte sus tarifas, pero no posee Palencia un relieve tan accidentado ni unas comunicaciones terrestres tan complejas como para justificar precios que, en muchos casos, al menos son el doble que los de las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia, por citar tres de la Castilla y León.
El importe de la retirada es directamente proporcional al coste de la póliza de seguro, por lo que los ganaderos palentinos figuran entre los más perjudicados de España por el coste de la retirada de los cadáveres de animales. Trascurridas más de dos décadas de la «crisis de las vacas locas», quizá podrían estudiarse medidas diferentes a la incineración, que acaso pueden estar detrás de esa discriminación tarifaria.
Se da la circunstancia de que el seguro además solo funciona de una manera lineal en esta cuestión (el Ministerio subvenciona por animal retirado, con independencia del coste sufragado), lo que perjudica al ganadero y choca con la supuesta solidaridad del seguro agropecuario.
SEGURO
La suscripción del seguro, que puede efectuarse en cualquier momento (no tiene un periodo establecido como los agrícolas), tiene vigencia para un año. No es obligatorio, pero el ganadero sí está obligado, en todo caso, a la retirada de un animal muerto, por lo que es lo habitual suscribirlo (a nivel nacional, lo tiene más del 90% de las explotaciones). El ganadero no obtiene una indemnización, sino la cobertura del servicio.
En 2022 se suscribieron en toda España 137.392 pólizas que incluían la garantía de retirada y destrucción, con las que se dio cobertura a 258,37 millones de animales (un 3,9 % más que en 2021). El capital asegurado se acercaba a los 1.074 millones de euros (un 3 % más que en 2021). Las mayores cifras de capital asegurado se encontraron entre el ganado bovino (371 millones de euros), seguido del porcino (298 millones), el aviar (236 millones) y el ovino-caprino (120 millones). Según los datos de Agroseguro, esta póliza permitió desarrollar millón y medio de servicios (el 3,8 % más que en 2021), con un aumento del 6,2 % en la siniestralidad hasta alcanzar los 89,2 millones de euros.
