La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de la Política Agrícola Común (PAC) correspondiente a la campaña 2026. La organización agraria plantea que el nuevo límite se extienda hasta el próximo 31 de mayo y que, además, no se apliquen penalizaciones a aquellas solicitudes registradas hasta el 15 de junio, en línea con lo permitido por la normativa vigente tanto a nivel nacional como comunitario.
La petición, trasladada a la Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, se fundamenta en una situación excepcional que ha afectado de manera significativa al conjunto del campo español. Según COAG, las intensas y persistentes lluvias registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 han provocado un retraso generalizado en las labores agrícolas, dificultando tanto la preparación del terreno como la siembra en numerosas explotaciones.
Desde la organización consideran que estas circunstancias constituyen un claro caso de fuerza mayor, tal y como recogen los marcos normativos europeos y nacionales que regulan la PAC. En este sentido, defienden que los agricultores y ganaderos no deben verse perjudicados por unos factores climáticos completamente ajenos a su control y que han alterado de forma sustancial el calendario habitual de trabajo en el campo.
Uno de los principales problemas derivados de esta situación ha sido el colapso administrativo en las entidades colaboradoras encargadas de tramitar las solicitudes. COAG ha alertado de que las organizaciones territoriales y los técnicos están experimentando importantes retrasos en la gestión de expedientes debido al deterioro generalizado de las parcelas agrícolas. Tanto en zonas de secano como de regadío, las precipitaciones han impedido llevar a cabo tareas esenciales como el laboreo, la preparación del suelo o la planificación de cultivos, elementos clave para completar correctamente la Solicitud Única.
Esta acumulación de dificultades ha generado un efecto en cadena que amenaza con dejar fuera de plazo a numerosos productores si no se adoptan medidas urgentes. “La situación es insostenible en muchas zonas, donde ni siquiera se han podido iniciar los trabajos básicos para definir la solicitud de ayudas”, apuntan fuentes de la organización agraria, que insisten en la necesidad de una respuesta rápida por parte del Ministerio.
En paralelo, varias comunidades autónomas ya han reconocido la excepcionalidad de la situación o están en proceso de hacerlo. Algunas de ellas han agotado incluso su margen de actuación, ampliando el plazo de presentación hasta el 15 de mayo, que es el límite máximo que les permite la normativa actual. Ante este escenario, COAG considera imprescindible que sea el Gobierno central quien intervenga para extender el plazo a nivel estatal y evitar así desigualdades entre territorios.
La organización advierte de que, sin una decisión coordinada desde el Ministerio, se corre el riesgo de que agricultores y ganaderos se enfrenten a penalizaciones injustas por retrasos que no son atribuibles a su gestión. En concreto, la normativa contempla una reducción del 1% de las ayudas por cada día hábil de retraso en la presentación de la solicitud, una medida que COAG considera inapropiada en el contexto actual.
Plazo de la PAC
Para reforzar su petición, la organización agraria recuerda que existe un precedente reciente que avala esta medida. En la campaña de 2024, el Gobierno aprobó el Real Decreto 408/2024, de 23 de abril, que permitió ampliar el plazo ordinario de presentación hasta el 31 de mayo. Posteriormente, el Real Decreto 567/2024, de 18 de junio, introdujo modificaciones en el Real Decreto 1048/2022 para eliminar de forma retroactiva las penalizaciones por solicitudes presentadas fuera de plazo, admitiendo aquellas registradas hasta el 15 de junio sin aplicar reducciones.
A juicio de COAG, este precedente demuestra que existen herramientas legales suficientes para actuar con flexibilidad en situaciones excepcionales como la actual. “No se trata de una medida extraordinaria sin base jurídica, sino de una solución que ya se ha aplicado con éxito recientemente”, subrayan.
El impacto de las lluvias no solo ha afectado al calendario agrícola, sino también a la planificación económica de muchas explotaciones. La imposibilidad de sembrar en tiempo y forma o de evaluar correctamente el estado de las parcelas ha generado incertidumbre en los productores, que dependen en gran medida de las ayudas de la PAC para garantizar la viabilidad de sus actividades.
En este contexto, la ampliación del plazo y la eliminación de penalizaciones se presentan como medidas clave para ofrecer seguridad jurídica y estabilidad al sector. COAG insiste en que la prioridad debe ser garantizar que todos los agricultores y ganaderos puedan acceder a las ayudas en igualdad de condiciones, sin verse perjudicados por una coyuntura climática adversa.
Asimismo, la organización pone el foco en la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y de reforzar los mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia. Las lluvias registradas en los últimos meses han evidenciado, según COAG, la vulnerabilidad del sistema agrícola frente a fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes debido al cambio climático.
Por ello, además de la medida puntual sobre la PAC, la organización agraria reclama una reflexión más amplia sobre la adaptación del sector a estos nuevos escenarios. “Es fundamental dotar al campo de herramientas que permitan hacer frente a episodios como este sin que se produzcan perjuicios económicos y administrativos”, señalan.
Mientras tanto, el sector permanece a la espera de la respuesta del Ministerio de Agricultura, que deberá decidir en las próximas semanas si atiende la petición de COAG y amplía los plazos de la campaña 2026. De ello dependerá, en gran medida, que miles de agricultores y ganaderos puedan completar sus solicitudes con garantías y sin asumir penalizaciones injustas.
La decisión no solo tendrá impacto en la gestión administrativa de la PAC, sino también en la confianza del sector hacia las instituciones. En un contexto marcado por la incertidumbre climática y económica, medidas como esta son percibidas por los profesionales del campo como un respaldo necesario para afrontar los desafíos presentes y futuros
