El conflicto entre el sector remolachero andaluz y la empresa AB Azucarera se intensifica tras el anuncio del cierre de la planta de Jerez, la última fábrica de azúcar que permanecía operativa en Andalucía. Las principales organizaciones agrarias —COAG Andalucía, ASAJA Andalucía, UPA Andalucía y el Grupo Remolachero de Sevilla— han reaccionado con firmeza, calificando la medida como una “decisión empresarial injustificada” que supondría la desaparición del cultivo de remolacha en la comunidad y un duro golpe al modelo agrícola social y sostenible que caracteriza al territorio.
El cierre de la azucarera de Jerez: un golpe al corazón del campo andaluz
La planta de Jerez no es una fábrica cualquiera: representa la última infraestructura industrial que da soporte a la producción remolachera andaluza. Su clausura no solo tendría consecuencias económicas directas, sino que afectaría a todo un ecosistema agrícola que depende de esta actividad. La remolacha azucarera, con gran arraigo en comarcas como la Campiña de Cádiz y la Vega del Bajo Guadalquivir, ha sido durante décadas un pilar económico y social, contribuyendo a mantener el empleo, la rotación de cultivos y la fijación de población en el medio rural.
Las organizaciones agrarias denuncian que AB Azucarera ha actuado de espaldas al sector, generando falsas expectativas y provocando una profunda incertidumbre entre los agricultores. Según explican, la empresa habría transmitido mensajes de continuidad y diálogo, mientras internamente avanzaba en la decisión de clausurar la planta. “Han dado falsas esperanzas a los productores, y ahora nos encontramos con una situación de abandono”, lamentan las OPA andaluzas.
Las organizaciones agrarias piden rectificación y diálogo
En su comunicado conjunto, COAG, ASAJA, UPA y el Grupo Remolachero subrayan que “no es tarde para revertir la situación”. Apelan directamente a la dirección de AB Azucarera para que rectifique su decisión y se siente a negociar “de forma seria y transparente”, aprovechando la disposición expresa de la Junta de Andalucía a respaldar la continuidad del proyecto industrial, tanto desde el punto de vista técnico como financiero.
Las OPA consideran que el argumento empresarial de que “ya no hay tiempo” para mantener la producción carece de base real. En su opinión, se trata de una estrategia para justificar una decisión preconcebida, orientada a desmantelar progresivamente la producción azucarera en el sur peninsular. Frente a ello, insisten en que la Junta mantiene su compromiso de apoyo y que existen alternativas viables para mantener la actividad industrial y preservar el cultivo de remolacha.
Un cultivo con dimensión social y ambiental
La defensa del sector remolachero no se centra únicamente en razones económicas. Las organizaciones agrarias recalcan que se trata de un cultivo con un importante valor social, ambiental y territorial. En Andalucía, la remolacha no solo aporta ingresos a los agricultores, sino que favorece la rotación de cultivos, mejora la estructura del suelo y contribuye a la sostenibilidad del medio rural. Su desaparición, advierten, rompería un equilibrio productivo que ha permitido mantener vivas muchas explotaciones familiares y cooperativas agrarias.
Además, el cierre de la planta tendría efectos en cadena sobre el transporte, el almacenamiento, la logística y la industria auxiliar, poniendo en riesgo centenares de empleos directos e indirectos. La pérdida de esta actividad supondría, según las OPA, “una ruptura irreparable en el tejido rural andaluz y un retroceso en la diversificación agrícola que tanto ha costado conseguir”.
“Cerrar la azucarera de Jerez es condenar a la remolacha andaluza”
La denuncia de COAG, ASAJA, UPA y el Grupo Remolachero es tajante: cerrar la azucarera de Jerez equivale a condenar el cultivo de remolacha en Andalucía. Esta afirmación no es retórica; responde a la realidad de que sin una industria transformadora cercana, el cultivo pierde toda viabilidad económica. Los costes de transporte hacia otras zonas serían inasumibles, lo que conduciría al abandono generalizado de las explotaciones remolacheras.
En este contexto, las organizaciones reclaman una respuesta urgente y responsable por parte de AB Azucarera. Exigen que la empresa “reconsidere su posición y priorice el compromiso con el territorio sobre las decisiones puramente financieras”, recordando que la actividad agrícola y la industria agroalimentaria deben mantener una relación de corresponsabilidad para garantizar la supervivencia de ambos sectores.
Apoyo institucional y responsabilidad empresarial
Las OPA valoran de forma positiva la posición de la Junta de Andalucía, que ha manifestado públicamente su voluntad de apoyar la continuidad de la planta. Consideran que este respaldo político y técnico demuestra que aún se está a tiempo de evitar un cierre irreversible, siempre que la empresa muestre disposición al diálogo. De hecho, subrayan que la viabilidad del complejo de Jerez no depende solo de factores económicos, sino también de decisiones estratégicas y de compromiso con el desarrollo regional.
“Cerrar la azucarera de Jerez sería ignorar las consecuencias sociales y territoriales que implica”, afirman las organizaciones, que insisten en que “no todo se puede justificar con razones económicas”. En su opinión, la medida refleja una falta de sensibilidad empresarial y una visión cortoplacista que desatiende las necesidades del campo andaluz y el futuro de miles de familias que viven de la remolacha.
Un llamamiento al compromiso y la transparencia
El comunicado concluye con un mensaje de esperanza: “Aún estamos a tiempo de evitarlo”. Las organizaciones reiteran su voluntad de diálogo, piden transparencia y reclaman una negociación real con participación de todas las partes implicadas. Además, solicitan que la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura y los ayuntamientos afectados actúen de manera coordinada para evitar la desaparición de la azucarera de Jerez y defender un modelo agrícola sostenible y socialmente justo.
El futuro de la remolacha andaluza, y con ella el de muchos agricultores, depende ahora de la capacidad de AB Azucarera para rectificar y retomar el camino del compromiso con el territorio. El cierre de la planta de Jerez sería más que una pérdida económica: sería la renuncia a una parte esencial del patrimonio agrícola andaluz.
