La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha analizado en profundidad la propuesta de modificación del Real Decreto 666/2023, impulsada de forma conjunta por los Ministerios de Sanidad y de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras este examen, la organización ha decidido convocar una manifestación el próximo miércoles 18 de febrero, previsiblemente en los alrededores del Congreso de los Diputados, para reclamar una reforma que se ajuste de forma realista al ejercicio profesional veterinario.
Según asegura el comunicado de prensa, la OCV valora la apertura del proceso de modificación, pero considera que el borrador presentado no resuelve los problemas estructurales que la norma ha generado desde su entrada en vigor. Entre las principales reclamaciones destacan la falta de seguridad jurídica, una burocracia excesiva y la necesidad de reforzar la protección de la salud pública, el bienestar animal y la seguridad alimentaria.
Un malestar que ya se manifestó en la calle
La convocatoria del 18 de febrero se suma a las movilizaciones previas del sector. La organización recuerda la manifestación celebrada el pasado 7 de mayo, también en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, como reflejo del creciente malestar de la profesión ante un marco normativo que, a su juicio, no se ajusta a la realidad asistencial diaria.
Ahora, tras conocer el contenido de la propuesta de modificación, la OCV considera que es necesario mantener la presión institucional y social para lograr cambios que no se limiten a ajustes parciales, sino que supongan una revisión profunda del enfoque regulatorio.
Simplificación insuficiente y burocracia persistente
Uno de los puntos más críticos señalados en el comunicado es la simplificación parcial del sistema PRESVET. Aunque el borrador introduce algunos cambios, la OCV sostiene que se mantienen la mayoría de las exigencias actuales, lo que perpetúa una carga burocrática elevada para los profesionales veterinarios.
Desde la perspectiva de la organización, este nivel de exigencia administrativa no es fácilmente homologable al de otros países europeos, lo que sitúa a los veterinarios españoles en una posición de desventaja y dificulta el ejercicio clínico, especialmente en el ámbito de la atención diaria a animales de compañía y de producción.
Compromiso con la lucha frente a las resistencias antimicrobianas
La OCV subraya que la profesión veterinaria está plenamente comprometida con la lucha contra las resistencias antimicrobianas, uno de los grandes retos sanitarios a nivel global. En este sentido, recuerda que los datos de dispensación recogidos a través de ESUAVet ya reflejan de manera eficaz el uso real de antimicrobianos, incluso con mayor utilidad que los datos estrictamente basados en prescripción.
Según el comunicado, esta información resulta suficiente para orientar las políticas sanitarias, por lo que mantener determinadas restricciones y cargas adicionales no aporta un valor proporcional en términos de control sanitario, pero sí incrementa la complejidad administrativa del trabajo clínico.
Limitaciones en el uso y cesión de medicamentos
Pese a los cambios propuestos, el texto de modificación mantiene limitaciones en el uso de antimicrobianos y conserva algunas exigencias relacionadas con la cesión de medicamentos, aspectos que la OCV considera problemáticos.
La organización reconoce avances relevantes, como la libertad de prescripción basada en el criterio clínico del veterinario y una cesión más ágil de medicamentos para completar tratamientos en animales de compañía. No obstante, advierte de que esta mejora excluye a los animales de producción, una diferenciación que califica de injustificada.
Impacto en bienestar animal, salud pública y seguridad alimentaria
La exclusión de los animales de producción de estas medidas más flexibles preocupa especialmente a la OCV. A su juicio, esta distinción puede tener efectos negativos sobre el bienestar animal, pero también sobre la salud pública y la seguridad alimentaria, pilares fundamentales del sistema sanitario y productivo.
Por ello, la organización defiende que la cesión de medicamentos para completar tratamientos se aplique sin distinción por tipo de animal, garantizando así una atención veterinaria coherente, eficaz y alineada con los principios de protección integral.
La realidad asistencial como eje de la reforma
Bajo el epígrafe de “Realidad asistencial”, la OCV insiste en que cualquier revisión normativa debe partir del conocimiento real del trabajo clínico veterinario. El comunicado de prensa asegura que la normativa actual ha generado problemas prácticos que afectan tanto a los profesionales como a los propietarios de animales y a la cadena de producción alimentaria.
Con la convocatoria de la manifestación del 18 de febrero, la organización quiere trasladar a las administraciones la urgencia de adoptar decisiones efectivas, que corrijan los desequilibrios creados por el marco vigente y acerquen la regulación española a los estándares de otros países europeos.
Unidad del sector y trabajo conjunto
El Consejo de la OCV ha anunciado que trasladará esta convocatoria a todos los colegios provinciales y a las principales asociaciones del sector veterinario, con el objetivo de reforzar la unidad profesional.
Según el comunicado, solo desde el trabajo conjunto y una posición común será posible avanzar hacia una normativa más justa, más clara y verdaderamente acorde al ejercicio de la profesión veterinaria en España.
Una movilización con mensaje claro
La manifestación del 18 de febrero se plantea, por tanto, como un acto reivindicativo clave para el sector veterinario. La OCV no rechaza el diálogo ni la modificación normativa, pero exige que esta se traduzca en seguridad jurídica, menor burocracia y una protección efectiva de los valores que sustentan la profesión: la salud pública, el bienestar animal y la seguridad alimentaria.
