Los fondos de inversión especulativos han puesto su foco en el sector olivarero español, adquiriendo las mejores fincas de regadío y despojando al sector de sus raíces tradicionales. Así lo denuncia el estudio La uberización del olivar español: zoom en Andalucía, presentado hoy por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Sevilla.
El informe alerta sobre un fenómeno que ha llevado a la desaparición del 59% de las explotaciones olivareras en las últimas dos décadas, pasando de 602.250 en 1999 a solo 247.318 en 2020. Durante este mismo periodo, la producción de aceite de oliva ha crecido un 65%, pero bajo un modelo que concentra el control en manos de grandes corporaciones y fondos de inversión.
“Si el nuevo modelo de oligopolios corporativos se impone, España camina hacia un olivar sin agricultores”, advirtió Juan Luis Ávila, responsable del sector olivarero de COAG, durante su intervención.
El impacto de los fondos de inversión en el sector olivarero
El estudio señala que en los últimos años se ha producido un aumento del 20% en la compraventa de fincas rústicas, liderado por fondos de inversión nacionales y extranjeros. Estas entidades buscan oportunidades en cultivos leñosos como el olivar, que ofrecen alta rentabilidad y proyección a largo plazo.
Entre los inversores destacados se encuentran grandes nombres como:
- Atitlan y Elaia: con más de 20.000 hectáreas adquiridas en España, Portugal y Marruecos, una parte de las cuales fue vendida en 2022 al grupo De Prado, generando beneficios de más de 73 millones de euros.
- Beka & Bolschare Iberian Agribusiness: activo desde 2021, este fondo gestiona plantaciones superintensivas de olivar y otros cultivos en Castilla-La Mancha y Portugal.
- Fiera Capital: un fondo canadiense que en 2023 adquirió la empresa Innoliva, sumando 8.000 hectáreas de olivar, de las cuales 2.000 son ecológicas.
El proceso de compra masiva no solo está afectando a los pequeños y medianos agricultores, sino también al medioambiente. Casos como el de El Litri, denunciado por la Fiscalía por extraer ilegalmente 2.000 millones de litros de agua en Doñana, reflejan el impacto ambiental de estas macroexplotaciones.
La «uberización del olivar» descrita por COAG implica que los agricultores autónomos están siendo desplazados, con muchas explotaciones convertidas en macrofincas gestionadas por grandes corporaciones. Los pequeños y medianos olivareros no pueden competir con el poder adquisitivo de los fondos de inversión, especialmente en zonas con acceso a recursos hídricos, donde las tierras han adquirido un valor especulativo desorbitado.
“Este modelo no solo elimina a los agricultores tradicionales, sino que frena la incorporación de jóvenes al sector y hipoteca el desarrollo del medio rural y la lucha contra el cambio climático”, subrayó Ávila. Además, advirtió que la reconversión del sector está transformando a los agricultores en asalariados de las corporaciones, un fenómeno ya observado en países como Argentina o Brasil.
El impacto de este cambio es especialmente visible en Andalucía, que lidera la producción de aceite de oliva en España con más de 200.000 explotaciones y 1,6 millones de hectáreas dedicadas al olivar. Según Miguel López, secretario general de COAG Andalucía:
“El aceite de oliva es un producto estratégico para nuestra región. Genera más de 19 millones de jornales y fija la población en el medio rural. No podemos permitir que los beneficios se los lleven los fondos de inversión.”
La viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera, destacó que el olivar es la principal actividad económica en más de 300 municipios andaluces, siendo clave para evitar la despoblación rural. Desde la Junta de Andalucía, aseguró que se está trabajando en una estrategia para proteger el sector y anticiparse a los retos que plantea este modelo de inversión.
COAG ha pedido al Gobierno central y autonómico que adopten medidas para proteger a los pequeños y medianos agricultores, priorizando un modelo social y profesional de agricultura. Entre las demandas destacan:
- Regular la mercantilización del agua para evitar su uso especulativo.
- Promover políticas que favorezcan la rentabilidad de las pequeñas explotaciones.
- Implementar medidas que limiten la concentración de tierras en manos de grandes inversores.
“Defender a los pequeños agricultores es defender la soberanía alimentaria, la biodiversidad y el desarrollo rural,” insistió Ávila.
El estudio concluye que el futuro del olivar español está en juego. Sin una intervención decidida por parte de las autoridades, el modelo actual seguirá favoreciendo a los grandes fondos de inversión, dejando atrás a los agricultores que han sustentado el sector durante generaciones.
Sin embargo, desde COAG aseguran que aún hay tiempo para revertir esta tendencia. “Un olivar sin agricultores no tiene sentido. El valor añadido debe quedarse en nuestros pueblos, generando empleo y riqueza en lugar de alimentar las cuentas de jubilados ricos en California o fondos de pensiones canadienses,” concluyó Miguel López.
