El sector agrícola en Extremadura enfrenta una crisis silenciosa que afecta a más de 31.500 productores agrarios. Desde el año 2022, el Observatorio de Precios y Cadena de Valor del Sector Agroalimentario de Extremadura, dependiente de la Consejería de Agricultura, no ha realizado un solo estudio sobre los costos de producción de productos agrarios, dejando a los agricultores y ganaderos de la región en una situación de vulnerabilidad sin precedentes, según denuncian desde La Unión.
La Importancia de los Costos de Producción en la Agricultura
Para que la actividad agraria sea rentable, es crucial que los ingresos generados por la venta de productos agrarios superen los costos de producción. Esta es una verdad indiscutible en cualquier sector productivo, pero en la agricultura cobra una relevancia aún mayor debido a la volatilidad de los precios y la dependencia de factores climáticos y económicos externos.
La Ley 12/2013, de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, establece de manera clara en su artículo 9 que nunca se puede vender un producto por debajo de los costos de producción. Esta disposición legal busca proteger a los productores agrarios de prácticas comerciales desleales que podrían llevarlos a la ruina. Sin embargo, para que esta ley sea efectiva, es necesario conocer con precisión cuáles son esos costos de producción, una tarea que recae en los Observatorios de Precios que las Comunidades Autónomas deben desarrollar.
La Situación en Extremadura: Falta de Compromiso y Consecuencias
En Extremadura, el Observatorio de Precios ha estado inactivo en su función más crucial durante los últimos dos años. Esto significa que no existe una referencia oficial sobre los costos de producción de productos tan importantes como el arroz, la aceituna de mesa, la uva para vinificación o el tomate para industria. La ausencia de estos estudios impide que los productores tengan un punto de partida para negociar los precios de venta, dejándolos a merced de las ofertas que decidan imponer compradores como bodegas, fábricas de tomate, y almacenes de arroz.
Esta situación no solo vulnera a los agricultores y ganaderos, sino que también incumple la Ley de la cadena alimentaria. Sin estudios actualizados de los costos de producción, es imposible garantizar que los precios pagados por los productos agrarios sean justos y cubran los costos en los que incurre el productor.
El Impacto en los Productores Agrarios por la falta de labor del Observatorio: Desamparo y Pérdidas Económicas
El impacto de esta inacción es profundo. Los más de 31.500 productores agrarios de Extremadura se encuentran en una situación de desamparo frente a un mercado que no ofrece garantías de precios justos. La falta de estudios actualizados de costos de producción significa que estos productores no tienen bases sólidas para negociar y asegurar que los precios que reciben cubran sus costos y les proporcionen un margen de beneficio.
La falta de información oficial crea un vacío que es aprovechado por los compradores para imponer precios que pueden estar muy por debajo de los costos reales de producción. Esto no solo pone en riesgo la sostenibilidad económica de las explotaciones agrarias, sino que también amenaza la continuidad de muchas de ellas, especialmente las de menor tamaño o aquellas que dependen de cultivos con márgenes de beneficio más reducidos.
La Urgencia de una Respuesta: Exigencias al Gobierno Regional
Ante esta grave situación, la organización agraria La Unión ha exigido a la Consejera de Agricultura de Extremadura que se tomen medidas urgentes. Es imperativo que se adjudiquen de inmediato los estudios de costos de producción para aquellos productos agrarios con mayor implantación en la región. No hacerlo, advierten, es dejar desamparados a miles de agricultores y ganaderos que dependen de estos estudios para poder negociar en condiciones justas.
La exigencia de La Unión se basa en la necesidad de cumplir con lo establecido en la Ley 12/2013 y de proteger a los productores agrarios de prácticas comerciales abusivas. Sin estos estudios, la ley queda vacía de contenido, y los agricultores y ganaderos extremeños siguen expuestos a la volatilidad del mercado sin las herramientas necesarias para defender sus derechos.
Datos y Cifras: La Dimensión de la Crisis
Para entender mejor la dimensión de esta crisis, es importante considerar algunas cifras clave:
- 31.500 productores agrarios en Extremadura están afectados por la falta de estudios de costos de producción.
- Desde 2022, el Observatorio de Precios no ha realizado ningún estudio de costos de producción, dejando un vacío de más de dos años en los datos necesarios para la correcta aplicación de la Ley de la cadena alimentaria.
- Extremadura es una de las principales regiones productoras de arroz, aceituna de mesa, uva para vinificación y tomate para industria en España, lo que hace que la falta de estos estudios tenga un impacto económico significativo no solo a nivel regional, sino también nacional.
La situación es aún más alarmante si se considera que otras Comunidades Autónomas tampoco están cumpliendo con su obligación de realizar estos estudios, lo que sugiere un problema estructural en la aplicación de la Ley 12/2013 en todo el país.
La Necesidad de una Acción Inmediata
La inacción del Observatorio de Precios de Extremadura en los últimos dos años ha creado una crisis en el sector agrario de la región. Sin estudios de costos de producción, los productores agrarios están desprotegidos y no pueden garantizar que los precios que reciben por sus productos cubran los costos en los que incurren. Esto no solo pone en riesgo la sostenibilidad de sus explotaciones, sino que también amenaza la estabilidad económica de toda la región.
Es fundamental que la Consejería de Agricultura de Extremadura actúe con celeridad para adjudicar los estudios necesarios y restablecer la seguridad jurídica y económica para los agricultores y ganaderos de la región. Solo así se podrá cumplir con lo establecido en la Ley 12/2013 y garantizar que el sector agrario en Extremadura siga siendo viable y competitivo.
