Hace diez días, el pasado 4 de febrero, el ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico convocaba la Comisión estatal el patrimonio natural y biodiversidad. Solo había un punto en el orden del día: incluir al lobo en el listado de especies de especial protección. Desgraciadamente para el sector ganadero español, Teresa Ribera consiguió su objetivo. Aunque no le fue fácil, necesitó una segunda votación y aun así la cosa quedó en tablas: ocho votos a favor de mantener el estatus actual de especie cazable al norte del Duero, ocho a favor prohibir la caza en toda España. Fue el voto de calidad del propio ministerio el que permitió que siguiera adelante, pese a las dudas más que evidentes que se planteaban.

El fondo de la cuestión es grave, pero también lo son las formas. Es chocante que entre las comunidades que apoyaron la postura de la ministra estén Canarias, Baleares o Melilla. Desde la tranquilidad que da saber que el lobo ni está ni se le espera en sus tierras, votaron en contra de los intereses de las que soportan todos los perjuicios de su presencia, como son Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, donde radican el 98 por ciento de los lobos.

La ministra que también lo es del “reto demográfico” -será de la demografía del lobo, pero no de las personas- presionó y retorció las votaciones hasta que logró su objetivo, permitir que el lobo campe a sus anchas. Se impediría el ya insuficiente control que se ejerce sobre el lobo en las comunidades donde sus poblaciones se han multiplicado en los últimos años, y se posibilitaría que se siga extendiendo a otros territorios que hasta ahora creen estar a salvo del problema.

Porque el fondo se la cuestión es que el lobo hoy no está en peligro de extinción, ni mucho menos. En el año 1992 en nuestra comunidad había 400 lobos, y treinta años después hay más de 2000 ejemplares, cinco veces más. Cada día, el lobo causa 7 ataques y mata a 11 cabezas de ganado en Castilla y León. Cifras que se basan en los datos oficiales, porque por experiencia sabemos que muchos ganaderos no denuncian, porque la complejidad burocrática es mucha y la compensación económica poca.

Los ataques son especialmente cruentos al sur del Duero, donde el lobo no es cazable. La mayor parte se concentra en Ávila, Salamanca y Segovia. Además, el tipo de ganadería dominante es el vacuno extensivo, que en estos años ha pasado a protagonizar dos de cada tres bajas. Los números son claros: si en 2015 hubo 1463 ataques, cinco años después, en 2020, hubo 2578 ataques. Un crecimiento exponencial. Y este es el modelo que tanta desesperación está causando a la ganadería al sur del Duero, es el que la ministra quiere “exportar” para todo el país.

Tal como ha actuado Teresa Ribera, como si estuviera en posesión de la verdad, apoyada por su cohorte de asesores y aduladores, igual hasta está sorprendida de que haya una fuerte reacción en contra de sus designios, y no solo por parte de esos ganaderos que claramente desprecia. Porque no solo legislan en nuestra contra, es que encima tenemos que aguantar que digan que solo queremos ayudas y que descuidamos el ganado, que ya es el colmo de la burla y el desconocimiento. Los gobiernos de las comunidades más afectadas, la nuestra, pero también Galicia, Asturias y Cantabria, están buscando los caminos para frenar este despropósito, ya sean administrativos o, si fuera el caso, judiciales. Desde ASAJA consideramos esencial esa unidad en la respuesta, tanto de los gobiernos autonómicos, como de las organizaciones agrarias, como de ayuntamientos, diputaciones o representantes políticos, y muy especialmente del Partido Socialista.

Que el resultado de la votación que arrancó Ribera sea una realidad depende de la decisión última del ministerio y por tanto del Gobierno en su conjunto. Pedro Sánchez tiene una oportunidad única de demostrar si están con los ganaderos y el mundo rural, o si prefieren estar con los lobos. Y que no nos enreden: no decimos que no haya lobos, sino que los espacios que ocupen no sean los mismos que los del ganado. Porque si alguien dice que pueden compartir espacio, sencillamente miente.

Y además, la convergencia

Pero el del lobo no ha sido el único golpe que el sector ganadero ha sufrido en estos días. También malas noticias para el sector en el marco que determinará las condiciones de las dos próximas campañas PAC, el periodo transitorio hasta la nueva política agraria común. Por un lado, se confirma lo que ya denunció ASAJA hace meses: que hay una reducción del 2 por ciento en los fondos, es decir, menos dinero para el sector.

La segunda medida que supondrá un notable perjuicio económico para el sector ganadero es la convergencia de los derechos. El sistema de pago de las ayudas PAC que hasta ahora se aplica es perverso para el sector ganadero, ya que hace años se determinó que no se pagara por las cabezas de ganado que se tiene, que sería lo lógico, sino por las hectáreas. Eso explica que, a día de hoy, explotaciones que por extensión parecen similares tengan derechos con valores altos, medios o más bajos. A partir de ahora con el sistema de convergencia se quieren igualar esos valores, lo que perjudica especialmente a las ganaderías de leche de vacuno y de ovino y caprino, así como a las granjas de intensivo de carne. También perjudicados serán muchos jóvenes incorporados recientemente y que de su bolsillo compraron derechos con alto valor.

Atropellos que ocurren cuando se legisla desde los despachos, sin conocimiento del terreno y de los sectores productivos, y que supondrán agravios comparativos que pondrán en peligro muchas explotaciones ganaderas. Ya lo advertimos desde ASAJA en septiembre, y presentamos alegaciones que, visto está, han ignorado por completo. A ver cómo explican ahora al ganadero estos “linces” de la administración que, por hacer lo mismo que el año pasado, este año puede cobrar hasta un 18 por ciento menos.

Sección: