El Gobierno autonómico ha dado luz verde a una de las reivindicaciones históricas del sector primario cántabro. El nuevo baremo de daños provocados por la fauna silvestre, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), introduce una actualización integral de las cuantías indemnizatorias y aplica un incremento general superior al IPC acumulado desde 2023 (8,9%), con especial incidencia en aquellas categorías donde el desfase respecto al mercado era más acusado.
La medida, impulsada por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, supone un giro relevante en la política de compensaciones por ataques de fauna salvaje y se aplicará a todos los daños que se produzcan a partir del 1 de marzo de 2026, inclusive.
A continuación, se desgranan las claves económicas, políticas y sectoriales de esta reforma.
Una actualización integral tras tres años de desfase
El baremo ahora sustituido fue aprobado en febrero de 2023. Desde entonces, la evolución del mercado ganadero y agrícola ha sido intensa.
La consejera María Jesús Susinos ha explicado que la revisión responde a un desfase “evidente” entre las indemnizaciones reconocidas y el valor real de los animales o producciones dañadas.
Según detalla la resolución:
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El IPC acumulado desde 2023 ha sido del 8,9%.
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El precio del vacuno de vida ha aumentado cerca del 100% en distintos mercados nacionales en los últimos tres años.
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En el caso del ovino, los incrementos han superado generalmente el 50%.
Estos datos evidenciaban una brecha entre el precio de mercado y la compensación oficial, lo que generaba tensiones en el sector.
El nuevo texto normativo introduce una actualización completa de todas las categorías, no solo una corrección puntual, lo que supone un ajuste estructural del sistema.
Incrementos por encima del 8,9% del IPC
Uno de los aspectos más relevantes es que el incremento aplicado es superior al IPC acumulado del 8,9%, lo que implica una revalorización real de las indemnizaciones.
No se trata únicamente de indexar las cuantías a la inflación, sino de corregir distorsiones generadas por la fuerte revalorización del ganado en el mercado.
Especialmente significativa es la subida en:
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Ganado bovino de menor edad, donde la divergencia con el valor real era mayor.
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Ovino y caprino, con revisiones al alza acordes a la evolución del mercado.
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Equino, también actualizado.
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Apicultura y otros animales de explotación.
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Mastines vinculados a explotaciones ganaderas.
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Praderías, cultivos y arbolado.
Además, se incorpora el lucro cesante en los supuestos previstos, reforzando la cobertura económica de las explotaciones afectadas.
Compromiso político cumplido con el sector primario
La consejera ha subrayado que esta actualización da cumplimiento al compromiso adquirido por el Ejecutivo presidido por María José Sáenz de Buruaga de incrementar todas las cuantías respecto al baremo anterior y adecuarlas a la realidad económica actual.
Durante el proceso de revisión:
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Se ha trabajado con organizaciones profesionales agrarias.
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Se ha contado con asociaciones de criadores de distintas razas y especies.
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Se han analizado los costes reales y la evolución del mercado.
El nuevo baremo es fruto de un proceso de diálogo sectorial, lo que busca reforzar la legitimidad de la medida y la confianza institucional.
Convivencia con el lobo y sostenibilidad del modelo extensivo
La actualización se enmarca en el debate sobre la convivencia con especies protegidas como el lobo.
Desde la Consejería se insiste en que el sector primario no puede asumir en solitario el coste de la conservación de la biodiversidad. Si se quiere garantizar la coexistencia con especies salvajes y preservar el modelo de ganadería extensiva, la Administración debe ofrecer compensaciones justas y ágiles.
En este contexto, el baremo actualizado busca:
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Garantizar indemnizaciones realistas.
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Aportar seguridad jurídica.
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Reducir la conflictividad entre conservación y actividad económica.
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Reforzar la viabilidad de explotaciones familiares.
Mecanismos de compensación reforzada
Se mantienen los mecanismos de compensación reforzada cuando, en un mismo ataque, los animales muertos superen el 20% del censo de la explotación.
Este punto es especialmente relevante para pequeñas explotaciones, donde un ataque masivo puede comprometer gravemente la viabilidad económica del negocio.
El mantenimiento de este umbral del 20% garantiza que las explotaciones más vulnerables sigan contando con un tratamiento específico en casos de especial gravedad.
Impacto económico en el medio rural
La actualización del baremo no es solo una cuestión técnica; tiene implicaciones directas sobre:
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La rentabilidad de explotaciones ganaderas.
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La estabilidad de ingresos en zonas rurales.
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La percepción de respaldo institucional.
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La confianza en la gestión autonómica.
En un contexto de fuerte revalorización del ganado —con incrementos cercanos al 100% en vacuno y superiores al 50% en ovino— mantener las cuantías de 2023 habría supuesto una pérdida efectiva de poder compensatorio.
Con la nueva regulación, el Gobierno autonómico busca sostener el tejido productivo rural y equilibrar conservación ambiental con actividad económica.
Tabla resumen de las principales novedades
| Concepto | Situación anterior (2023) | Nuevo baremo 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Actualización general | Baremo febrero 2023 | Revisión integral | +8,9% IPC superado |
| Vacuno de vida | Desfase notable | Subidas destacadas | Mercado +100% |
| Ovino | Incremento insuficiente | Revisión al alza | Mercado +50% |
| Compensación reforzada | >20% censo | Se mantiene | Sin cambios |
Entrada en vigor: 1 de marzo de 2026
El nuevo baremo será de aplicación a los daños que se produzcan desde el 1 de marzo de 2026, inclusive.
La publicación oficial en el BOC formalizará una reforma largamente demandada por el sector, que venía reclamando una actualización acorde a la evolución real de los precios.
Un modelo que busca equilibrio entre biodiversidad y economía
Con esta medida, el Ejecutivo cántabro reafirma su compromiso con un modelo de gestión que combine:
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Conservación de la biodiversidad.
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Viabilidad económica de las explotaciones ganaderas.
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Sostenimiento del medio rural.
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Seguridad jurídica para los productores.
La clave estará ahora en la agilidad administrativa en la tramitación de los expedientes y en la efectividad real de las indemnizaciones, un aspecto que el sector vigilará de cerca.
