La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha valorado de forma positiva la reciente aprobación, el pasado jueves 20 de marzo de 2025, de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, un texto legal que responde a una de las mayores problemáticas globales del sistema alimentario: el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y consumo.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en España se desperdiciaron en 2023 cerca de 1.170 millones de kilos de alimentos, lo que equivale a unos 25,4 kilos por persona al año. Un problema que no solo tiene consecuencias éticas y sociales, sino también un importante impacto ambiental y económico.
Beneficios sociales, ambientales y económicos de la nueva Ley
Un objetivo social claro: mejorar el reparto de los recursos
Uno de los principales objetivos de esta nueva legislación es reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción primaria hasta el consumidor final. La FIAB destaca que la nueva Ley cumple un objetivo social, ya que permite una redistribución más eficiente de los recursos, favoreciendo a colectivos vulnerables mediante la potenciación de las donaciones para consumo humano.
El texto legislativo establece que los agentes de la cadena alimentaria —productores, transformadores, distribuidores y establecimientos de hostelería— deben priorizar la donación de alimentos en buen estado, con el fin de que puedan ser utilizados antes de que caduquen o pierdan sus propiedades. Este aspecto es valorado especialmente por FIAB, ya que reconoce el trabajo que el sector lleva años haciendo de forma voluntaria, en colaboración con bancos de alimentos, ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro.
En 2023, por ejemplo, según datos de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), se donaron más de 120.000 toneladas de alimentos, muchas de ellas procedentes de industrias y cadenas de distribución. Esta cifra pone de manifiesto la implicación del sector alimentario en la lucha contra el hambre y el desperdicio.
Un impacto ambiental directo: menos residuos y menor huella ecológica
FIAB también subraya que la Ley tiene una importante finalidad ambiental, ya que al evitar que los alimentos acaben en la basura, también se reduce la presión sobre los recursos naturales, el consumo de agua, el uso de fertilizantes, de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, solo por detrás de China y Estados Unidos. A nivel europeo, la Comisión Europea estima que se pierden cerca de 88 millones de toneladas de alimentos al año, lo que representa un coste económico de unos 143.000 millones de euros.
En este sentido, la nueva legislación se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con el ODS 12.3, que establece como meta reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo para 2030.
Eficiencia económica: menos pérdidas y nuevos modelos de negocio
Desde el punto de vista económico, la Ley de Desperdicio Alimentario busca también mejorar la eficiencia del sistema alimentario. Evitar que productos ya elaborados terminen en la basura implica una mejor gestión de los recursos invertidos en su producción, desde las materias primas hasta el transporte y la energía utilizada.
Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB, ha subrayado que además de fomentar las donaciones para consumo humano, la industria alimentaria lleva tiempo desarrollando mecanismos para el aprovechamiento de los subproductos, reintegrándolos en la propia cadena de valor o incluso abriendo nuevas líneas de negocio basadas en la economía circular.
Un ejemplo claro es el uso de subproductos como pieles de frutas, restos de cereales o excedentes de producción, que se transforman en piensos, bioplásticos, compost, cosméticos o incluso nuevos alimentos funcionales. Este tipo de innovaciones generan valor añadido, crean empleo verde y mejoran la competitividad de la industria agroalimentaria española.
Aspectos a mejorar: coherencia en el régimen sancionador
FIAB pide proporcionalidad en las sanciones
Aunque el balance general es positivo, la FIAB advierte que aún existen aspectos mejorables dentro del texto legal. En particular, la Federación considera que el régimen sancionador debería ajustarse de forma más proporcional, estableciendo una relación más coherente entre la infracción y la penalización.
Desde la Federación se defiende la necesidad de ofrecer incentivos a las buenas prácticas, más que de castigar el incumplimiento, especialmente cuando se trata de pequeñas y medianas empresas que pueden tener más dificultades logísticas o económicas para adaptarse en plazos breves.
En el actual texto, las sanciones pueden ir desde los 2.001 euros hasta los 500.000 euros, dependiendo de la gravedad y reincidencia. FIAB reclama que se analicen mejor los contextos en los que se producen las infracciones y se fomente una cultura de mejora continua y cooperación en lugar de imponer un enfoque punitivo.
Planes sectoriales para la prevención del desperdicio
Compromiso firme del sector agroalimentario
La industria de alimentación y bebidas en España, que representa más del 2,4 % del PIB nacional y da empleo directo a más de 430.000 personas, ha mostrado históricamente un fuerte compromiso con la sostenibilidad. La publicación de la nueva Ley, según FIAB, servirá para reforzar y armonizar las iniciativas que ya existen en la mayoría de empresas del sector, al tiempo que fomentará la innovación y la mejora continua.
A partir de esta Ley, las empresas deberán diseñar y aplicar planes de prevención del desperdicio, con objetivos medibles y revisiones periódicas. Además, se establecerán indicadores comunes, lo que permitirá comparar resultados, detectar áreas de mejora y compartir buenas prácticas.
Este nuevo marco también abrirá la puerta a proyectos piloto, colaboración público-privada y acceso a financiación nacional y europea para implementar mejoras tecnológicas, logísticas y de gestión que ayuden a reducir las pérdidas en todas las fases del proceso productivo.
Conclusión: una ley con potencial transformador
La aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario supone un importante avance hacia una economía agroalimentaria más eficiente, justa y sostenible. Desde la perspectiva de FIAB, la norma responde a los objetivos sociales, ambientales y económicos que demanda la sociedad actual y que exigen las circunstancias climáticas y económicas globales.
Si se acompaña de los recursos adecuados, incentivos bien diseñados y apoyo institucional, esta Ley puede convertirse en una de las piezas clave de la transición ecológica y social del sector agroalimentario español.
