El pasado viernes 17 de mayo de 2025, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional francesa aprobó el proyecto de ley conocido como «Ley Duplomb», que contempla la reintroducción excepcional de acetamiprid, un insecticida de la familia de los neonicotinoides prohibido en Francia desde 2018 por su impacto negativo en los polinizadores, especialmente las abejas. Con 26 votos a favor y 13 en contra, el texto avanza hacia su debate en el pleno de la cámara, previsto para el próximo 26 de mayo.
Contexto político y presión sindical
Esta ley nace como respuesta a una serie de reivindicaciones de organizaciones agrarias como la FNSEA, en el marco de una creciente presión social por parte de los agricultores franceses, quienes protagonizaron protestas masivas durante 2024 para reclamar menos restricciones y mayor apoyo institucional. La FNSEA ya ha anunciado nuevas movilizaciones coincidiendo con la próxima fase parlamentaria.
Flexibilización de normas medioambientales
Además de la excepción sobre el acetamiprid, la Ley Duplomb incluye medidas destinadas a facilitar la expansión de explotaciones ganaderas y a flexibilizar ciertas obligaciones medioambientales. Estas disposiciones han sido criticadas por diputados ecologistas y de izquierda, que acusan al texto de poner en peligro la salud pública y la biodiversidad. Según argumentan, se trata de una «bomba de relojería» que prioriza los intereses económicos a corto plazo sobre el bienestar común y el equilibrio ecológico.
Reacciones políticas encontradas
La presidenta de la comisión, Aurélie Trouvé, destacó la calidad del debate y la cantidad de enmiendas discutidas—más de 500 propuestas examinadas en tres días—pero denunció las amenazas recibidas por algunos diputados, cuyas oficinas fueron vandalizadas. Este hecho fue condenado también por Yaël Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional, quien pidió que las demandas del mundo rural no se expresen a través de la coacción o el amedrentamiento.
Acetamiprid: ¿solución necesaria o riesgo sanitario?
El uso temporal del acetamiprid durante tres años es una medida defendida por las industrias de la remolacha y la avellana, que aseguran no tener alternativas viables para combatir las plagas que afectan a sus cultivos. Sin embargo, los apicultores lo califican de «asesino de abejas» y alertan sobre las consecuencias para la polinización y la seguridad alimentaria. «¿Qué sentido tiene salvar un sector matando otro?», se preguntan.
Durante los debates, diputados de izquierda recordaron que la evidencia científica sobre la toxicidad del acetamiprid es contundente, insistiendo en que su reintroducción contradice los principios de precaución y sostenibilidad.
Ganadería intensiva y permisos ambientales
En materia de ganadería, la ley también relaja los requisitos de permisos ambientales para ciertas explotaciones de gran tamaño, lo cual ha sido interpretado por parte del bloque ecologista y de la izquierda como un respaldo indirecto a la ganadería intensiva. Desde su punto de vista, estas medidas no benefician a la mayoría de ganaderos, sino a una minoría con capacidad de expansión.
Sin embargo, diputados del Agrupamiento Nacional y del centro defendieron que la ley simplemente armoniza la normativa francesa con la europea, algo necesario en un contexto de competencia creciente y márgenes económicos reducidos.
ANSES y controversias sobre su independencia
Uno de los puntos más sensibles ha sido el papel de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSES). El Senado había introducido medidas para endurecer los controles sobre su funcionamiento y limitar sus competencias, pero la comisión de la Asamblea Nacional ha revertido esas modificaciones. Aun así, el bloque central expresa incomodidad con la falta de garantías de independencia científica, lo que ha generado tensiones internas antes del debate en pleno.
El MoDem y la búsqueda de equilibrio
Desde el grupo centrista MoDem, se ha valorado positivamente el trabajo realizado en comisión, destacando la adopción de una versión más equilibrada del texto. En su opinión, la Ley Duplomb debe entenderse como una herramienta para simplificar la normativa agrícola sin renunciar a la protección del medio ambiente. Sin embargo, las críticas ecologistas no se han hecho esperar.
Una fractura entre agricultura y medio ambiente
La Ley Duplomb ilustra de forma cruda la tensión entre producción agrícola, sostenibilidad y regulación medioambiental. Los sindicatos agrícolas denuncian una legislación excesivamente restrictiva que pone en peligro su viabilidad económica, mientras que los ecologistas acusan a la mayoría parlamentaria de ceder a presiones y desmantelar logros clave en protección ambiental.
Con el debate programado en la Asamblea Nacional para finales de mayo, la sociedad francesa se enfrenta nuevamente a un dilema crucial: ¿cómo apoyar a los agricultores sin poner en riesgo la salud pública y la biodiversidad?
