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El Gobierno de Navarra ha convocado ayudas por valor de 200.000 euros para mantenimiento del cultivo de la remolacha azucarera. Se trata de una medida excepcional y temporal para que el sector no abandone el cultivo, concentrado en la actualidad en la zona de Artajona. Tal y como se establece en las bases de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 74 de 16 de abril, la cuantía máxima de la ayuda será de 500 euros por hectárea.

El objetivo de esta ayuda - acogida al régimen de mínimis de la PAC - es contribuir al mantenimiento del cultivo de remolacha azucarera en las zonas tradicionales de producción, así como favorecer el adecuado suministro de materia prima a la industria transformadora asociada para asegurar la permanencia del complejo agroindustrial remolachero-azucarero.

El cultivo de remolacha se llevó a cabo en Navarra hasta la década de los 80 del siglo pasado, época en la que los cambios en la OCM hicieron que desapareciera. En la actualidad, el cultivo cuenta con alrededor de 700 hectáreas ubicadas sobre todo en Artajona y, en menor medida, en localidades como Falces o Berbinzana.

Desde la desaparición de las cuotas de producción europeas en septiembre de 2017, el precio por tonelada de azúcar ha caído un 29%, alcanzando en 2018 su nivel más bajo, lo que ha generado una importante crisis afectando al modelo de colaboración entre agricultores y agricultoras y las empresas del sector.

Teniendo en cuenta que los costes medios de producción están en el entorno de los 3.000 euros por hectárea, se considera necesario establecer una medida de apoyo excepcional y temporal para que el sector no abandone un cultivo que puede ser una alternativa en muchas zonas de Navarra, y que no afecte además a los puestos de trabajo del sector azucarero.

Tal y como establece el reglamento de la Política Agraria Común, las ayudas concedidas por este régimen a una única empresa no excederán de 20.000 euros durante un periodo de tres ejercicios fiscales.

El reglamento europeo que rige esta medida establece que las ayudas concedidas por este régimen por un estado miembro a una única empresa no excederán de 20.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.

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