La organización agraria COAG asegura que la industria remolachera española atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, provocada por decisiones empresariales de British Sugar, integrante de la multinacional británica Associated British Foods (ABF), matriz de Primark. La nota de la OPA sostiene que este grupo aplica una estrategia industrial que impacta de forma directa y severa en los agricultores del norte y sur de España, al combinar cierres de fábricas, reducción de precios muy por debajo de los costes reales de producción y traslados de molturación que disparan los costes logísticos de las explotaciones.
La denuncia principal se centra en una afirmación contundente: la misma empresa que abastece el mercado europeo con ropa de bajo coste estaría hundiendo un cultivo histórico en España, empujando a las familias remolacheras a una situación límite. La organización agraria alerta de que el país ha pasado de disponer de 90 fábricas azucareras a depender de un único centro industrial activo, la planta de Toro, en Zamora.
Una estrategia corporativa de la multinacional ABF que, según COAG, presiona al límite a los agricultores
El comunicado sostiene que British Sugar ha decidido cerrar la molturación en las plantas de Miranda de Ebro y La Bañeza, en León, enviando toda la remolacha a la fábrica de Toro, situada aproximadamente a 250 kilómetros. Este desplazamiento implica mayores costes estructurales y una operativa que COAG considera insostenible.
El responsable del sector remolachero de COAG, Javier Briñas, asegura que cada decisión empresarial adoptada desde la matriz londinense se traduce en un deterioro del tejido productivo y rural. COAG denuncia asimismo que ABF, cuya rentabilidad global crece impulsada principalmente por el negocio textil, está aplicando al sector remolachero español una política comercial que, en la práctica, desequilibra por completo la estructura del sector.
La organización insiste en que estas estrategias no se alinean con ningún principio de sostenibilidad territorial, social o económica. Según la nota, el bajo precio pagado por la remolacha es un ejemplo claro de abuso de posición dominante, dado que la empresa actúa prácticamente en régimen de monopolio dentro del mercado español.
Precios hasta un 40% por debajo del coste real de producción
El comunicado detalla que British Sugar plantea pagar entre 36 y 37 euros por tonelada de remolacha, frente a unos costes de producción que se sitúan, según COAG, entre 44 y 45 euros por tonelada. Esto supone una brecha de hasta el 40 % respecto a la campaña anterior. Para la siguiente campaña, la empresa habría propuesto reducir los precios hasta los 18–20 euros por tonelada, lo que COAG considera inviable para cualquier explotación.
La nota alerta de que esta diferencia de precios empuja al abandono del cultivo y que la superficie sembrada en la zona norte habría caído de 30.000 a 20.000 hectáreas en la presente campaña. COAG afirma que ninguna otra empresa podría imponer precios por debajo del coste de producción sin consecuencias regulatorias, salvo en situaciones de monopolio.
El cierre progresivo de la industria azucarera española
Uno de los diagnósticos más contundentes del comunicado es la tendencia estructural hacia el desmantelamiento industrial. La nota recuerda que el cierre de la molturación en la fábrica de Jerez, anunciado hace apenas unos meses, pone fin a más de cien años de historia industrial y agrícola en el sur del país.
Este cierre se suma a una cadena de decisiones que, según COAG, dejan al sector en una situación insostenible. La organización alerta de que, sin industria, desaparecen los cultivos, se reduce el empleo rural, se pierde valor añadido en origen y se compromete seriamente la soberanía alimentaria.
Importaciones crecientes y deslocalización industrial
El comunicado subraya que España depende cada vez más de azúcar importado procedente de caña. Las importaciones habrían aumentado un 33 % en la última década, pasando de algo más de un millón de toneladas en 2015 a 1,4 millones en 2023. Según la nota, esta tendencia se intensificaría si entra en vigor el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, ya que Brasil es la mayor potencia exportadora mundial de caña de azúcar.
El comunicado también destaca la inversión de 42 millones de dólares para trasladar parte de la producción a Paraguay, lo que evidencia, según COAG, una deslocalización progresiva que pone en riesgo compromisos agroambientales y agrava la incertidumbre de los maquileros. Esta deriva corporativa, sostiene la organización, erosiona la sostenibilidad y el valor social del cultivo en España.
Tabla HTML en verde oscuro (datos del comunicado)
<table style=»background-color:#729e34; color:white; font-weight:bold; border:2px solid white;»> <tr><td>Concepto</td><td>Valor</td></tr> <tr><td>Precio pagado por British Sugar (€/t)</td><td>36–37</td></tr> <tr><td>Coste real de producción (€/t)</td><td>44–45</td></tr> <tr><td>Oferta para próxima campaña (€/t)</td><td>18–20</td></tr> <tr><td>Superficie sembrada zona norte (ha)</td><td>De 30.000 a 20.000</td></tr> <tr><td>Importaciones azúcar (Tm)</td><td>De 1.000.000 en 2015 a 1.400.000 en 2023</td></tr> <tr><td>Número de fábricas activas</td><td>De 90 históricas a 1 (Toro)</td></tr> </table>
Una crisis que trasciende lo económico: impacto social y territorial
El comunicado de COAG insiste en que no se trata únicamente de una cuestión de precios, sino de un proceso de deterioro rural que afecta al empleo, al mantenimiento del paisaje agrario, al equilibrio territorial y a la sostenibilidad ambiental. La desaparición de los cultivos arrastra también a industrias auxiliares, cooperativas y transportistas, creando un efecto dominó que vacía las regiones productoras.
La organización denuncia además que las restricciones fitosanitarias vigentes, sin alternativas reales para los agricultores, se combinan con costes de producción disparados y con importaciones masivas que no siguen necesariamente los mismos estándares ambientales o de trazabilidad.
COAG exige acción institucional inmediata
El sector remolachero de COAG anuncia que denunciará los contratos por debajo de costes ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Además, pide al Ministerio de Agricultura que supervise la actuación empresarial y proteja a los agricultores frente a estrategias corporativas que, según el comunicado, sacrifican al sector remolachero español para optimizar la rentabilidad del grupo.
La organización concluye con un mensaje contundente: no se puede permitir que decisiones tomadas “en despachos de Londres” destruyan un cultivo emblemático y las economías rurales que dependen de él. El comunicado insiste en que el low-cost no puede convertirse en lo que denominan “campo-cost”, una deriva que, de continuar, dejaría a España sin un sector remolachero viable y sin garantías de suministro sostenible.
