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El director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, ha mantenido hoy, 12 de junio, una reunión con representantes de las Comunidades Autónomas para la puesta en común de los aspectos relativos al control de la aplicación de la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de AICA, José Miguel Herrero ha explicado los puntos básicos de actuación de la Agencia, cuyo principal objetivo es vigilar las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, en lo que respecta a las operaciones de compra y venta de alimentos y materias primas entre agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas, y distribuidores.

Asimismo, Herrero ha explicado que AICA controla el cumplimiento de la ley en función de las infracciones tipificadas en dicha norma, iniciando e instruyendo el procedimiento sancionador si detecta incumplimientos.

Al mismo tiempo, el Director de AICA ha destacado que corresponde a la Administración General del Estado ejercer la potestad sancionadora cuando las partes contratantes tengan sus respectivas sedes sociales en diferentes comunidades autónomas. También tiene esta potestad cuando el contrato alimentario afecte a un ámbito superior al de una comunidad autónoma, en razón de la trazabilidad previsible de la mayor parte del alimento o producto alimenticio objeto del contrato.

En este sentido, la ley define la trazabilidad previsible como las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento o producto alimenticio que entran dentro de las previsiones normales.

Por otro lado, en la reunión se ha hecho hincapié en la importancia del intercambio de información entre AICA y las administraciones autonómicas, ante la aparición de indicios de incumplimientos de la ley, así como en materia de controles. A este respecto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de colaboración para lograr la máxima efectividad.

Por último, indicar que en este encuentro también se han abordado los aspectos de coordinación para el control de las denuncias por ventas a pérdidas, cuestión que es competencia de las comunidades autónomas