El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido ampliar hasta el 12 de febrero el plazo para que los ayuntamientos de la provincia de Valencia afectados por la DANA puedan comunicar los daños en explotaciones agrarias y que estos sean verificados para acceder a las ayudas directas por pérdida de renta.
Inicialmente, el plazo vencía el 5 de febrero, pero la no convalidación en el Congreso de los Diputados del real decreto-ley que extendía el ámbito de aplicación de estas ayudas provocó la interrupción del proceso de comunicación y peritación de los daños. La medida ha sido restituida mediante la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley 1/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
¿Quiénes pueden solicitar las ayudas?
Los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido daños en la producción o en el potencial productivo deben comunicarlos a sus respectivos ayuntamientos. Estos, a su vez, remitirán la información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cada miércoles, para proceder a la verificación y peritación de los daños y la posterior concesión de las ayudas.
Ayudas disponibles para los afectados
El Gobierno ha establecido dos líneas de ayudas principales destinadas a agricultores y ganaderos afectados por la DANA:
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Compensación por pérdida de renta, dotada con un presupuesto total de 200 millones de euros.
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Reparación de infraestructuras agrarias, con un presupuesto asignado de 170 millones de euros.
Esta misma semana, el Ministerio ha ejecutado un primer pago de las ayudas directas por pérdida de renta, beneficiando a 6.388 agricultores y ganaderos, con un montante total de 49,6 millones de euros.
Antecedentes y contexto legal
La aprobación de estas ayudas responde a la necesidad de cubrir las explotaciones agrarias afectadas por la DANA en municipios que inicialmente no estaban incluidos en el listado de zonas damnificadas. Sin embargo, la derogación del real decreto-ley que ampliaba la cobertura de estas ayudas generó un vacío legal que impidió a muchos agricultores y ganaderos acceder a la compensación prevista.
La nueva orden ministerial publicada hoy en el BOE restablece esta cobertura y amplía el plazo hasta el 12 de febrero, permitiendo que los afectados puedan acogerse a las ayudas y garantizar la recuperación del sector agrícola y ganadero en la provincia de Valencia.
Reacciones del sector agrario
Las principales organizaciones agrarias han recibido con alivio esta ampliación, ya que la incertidumbre generada por la derogación previa dejó a muchos agricultores en una situación de vulnerabilidad económica. La rápida respuesta del Gobierno con la publicación del nuevo decreto ha sido considerada un paso positivo para evitar un mayor impacto en el sector.
No obstante, los representantes del sector han solicitado que los procedimientos administrativos sean ágiles, para evitar retrasos en la concesión de las ayudas y garantizar que los agricultores y ganaderos afectados puedan recuperar su actividad lo antes posible.
Plazos y proceso para acceder a las ayudas
Los agricultores y ganaderos interesados en recibir estas compensaciones deben seguir los siguientes pasos:
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Comunicación de los daños: Se debe informar al ayuntamiento correspondiente antes del 12 de febrero.
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Remisión semanal de los datos: Cada miércoles, los ayuntamientos enviarán la información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Peritación de los daños: Una vez recibida la información, los técnicos del ministerio procederán a la verificación y evaluación de los daños.
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Concesión de las ayudas: Tras la verificación, se aprobará la concesión de las ayudas directas por pérdida de renta y reparación de infraestructuras.
El Ministerio de Agricultura ha asegurado que los pagos se realizarán en el menor tiempo posible, priorizando a los afectados más graves y garantizando una distribución equitativa de los fondos.
Conclusión
La ampliación del plazo hasta el 12 de febrero permitirá a un mayor número de agricultores y ganaderos afectados por la DANA acceder a las ayudas directas. La rápida publicación del Real Decreto-ley 1/2025 ha restablecido la seguridad jurídica para los solicitantes, asegurando que puedan recibir compensaciones por la pérdida de renta y la reparación de infraestructuras. Ahora, el desafío será garantizar que el proceso administrativo sea ágil y eficiente para que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan en el menor tiempo posible.
