El Gobierno de México ha dado un paso trascendental en su política agroalimentaria al prohibir oficialmente el uso de maíz genéticamente modificado (GM) en todo el territorio nacional. La medida, formalizada mediante un decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entra en vigor de forma inmediata y modifica de manera sustancial los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, blindando legalmente la producción de maíz nativo frente a la biotecnología transgénica.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y promulgó el decreto tan solo unas horas antes, durante su tradicional conferencia matutina, en la que destacó que el objetivo principal de esta acción es “garantizar la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la salud de los mexicanos”. La reforma representa un punto de inflexión tanto en la política agrícola nacional como en el contexto comercial internacional, al entrar en conflicto directo con el fallo reciente de un panel comercial del T-MEC, que respalda la postura de Estados Unidos en defensa de sus exportaciones de maíz GM.
Una reforma constitucional para blindar la milpa
Artículo 4: México libre de transgénicos
El nuevo texto del artículo 4 constitucional establece que la producción de maíz en el país deberá mantenerse libre de cualquier modificación genética producida mediante técnicas que trasciendan las barreras naturales de reproducción o recombinación. En concreto, se prohíbe el uso de métodos transgénicos que involucren la inserción de ADN de una especie en otra, práctica común en cultivos GM como el maíz Bt o el resistente al glifosato.
La norma estipula que cualquier uso o comercialización de maíz transgénico deberá someterse a evaluación legal estricta, a fin de verificar su impacto sobre la bioseguridad, la salud pública y el patrimonio biocultural de México. Con esta disposición, el gobierno busca reforzar la protección de las más de 59 razas nativas de maíz mexicano reconocidas oficialmente, muchas de las cuales están estrechamente ligadas a sistemas agrícolas tradicionales como la milpa.
Artículo 27: desarrollo rural con semillas nativas
En paralelo, la modificación del artículo 27 constitucional define un marco más amplio para garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural sostenible. El nuevo texto obliga al Estado a fomentar políticas públicas que prioricen los cultivos tradicionales y el bienestar de las comunidades rurales, apoyando particularmente el uso de semillas criollas y prácticas agroecológicas.
Entre los objetivos específicos se encuentran:
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Promover el empleo y el bienestar en el campo mexicano, en especial en comunidades indígenas y campesinas.
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Apoyar el sistema de milpa, una práctica ancestral de policultivo que combina maíz, frijol, calabaza y otras especies, como base para una agricultura regenerativa.
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Evitar el uso de semillas transgénicas que puedan comprometer la diversidad genética del maíz.
La política también refuerza la coordinación entre instituciones públicas, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), para implementar mecanismos de protección, monitoreo y conservación del maíz nativo.
Contexto internacional: tensión con Estados Unidos por el T-MEC
El panel comercial que falló a favor de EE.UU.
La aprobación de esta medida se produce tras un conflicto comercial creciente entre México y Estados Unidos, que culminó en diciembre de 2024 con el fallo de un panel del T-MEC a favor de los intereses estadounidenses. El panel concluyó que la decisión de México de restringir la importación y siembra de maíz transgénico violaba las disposiciones del acuerdo comercial trilateral, al considerar que carecía de fundamento científico sólido.
Según el panel, la postura de México representaba una barrera injustificada al comercio y vulneraba los compromisos de acceso al mercado firmados por los tres países. Como resultado del fallo, México recibió un plazo de 45 días para modificar su política o enfrentarse a aranceles punitivos sobre otros productos exportables como el tomate, el aguacate o la cerveza.
La respuesta soberana de México
En respuesta a este fallo, la presidenta Sheinbaum inició de inmediato un proceso legislativo para reforzar constitucionalmente la prohibición del maíz GM, señalando que la salud pública, la sostenibilidad ambiental y el patrimonio agrícola de México están por encima de cualquier tratado comercial.
“La Constitución mexicana está por encima del T-MEC”, declaró la mandataria el pasado mes de enero. Además, reiteró que existen alternativas viables y científicamente fundamentadas para garantizar la productividad agrícola sin necesidad de recurrir a la biotecnología transgénica.
Según datos de la Secretaría de Agricultura, México produce anualmente cerca de 27 millones de toneladas de maíz, de las cuales alrededor de 85 % corresponde a variedades blancas utilizadas en la alimentación humana, especialmente en la elaboración de tortillas. El resto, en su mayoría amarillo, se destina a forraje o importación.
Implicaciones para el sector agrícola y la investigación científica
Impacto sobre la importación de maíz amarillo
México es uno de los principales importadores de maíz del mundo, con compras anuales que superan los 16 millones de toneladas, principalmente desde Estados Unidos. Este volumen representa cerca del 60 % del maíz amarillo consumido en el país para la producción pecuaria.
La nueva legislación prohíbe su uso si contiene material genéticamente modificado, lo cual obliga a desarrollar estrategias alternativas de abastecimiento, como:
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Incrementar la producción nacional de maíz amarillo sin transgénicos.
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Establecer acuerdos bilaterales con países proveedores de maíz no GM.
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Fomentar la sustitución parcial por otros cultivos como el sorgo o la cebada.
Ciencia pública frente a la biotecnología privada
El decreto también tiene un fuerte componente simbólico y científico, ya que refuerza el papel de la ciencia pública frente a los intereses de las grandes corporaciones biotecnológicas. Organismos como el CONACYT han promovido durante años una transición agroecológica basada en sistemas de producción más sostenibles y menos dependientes de insumos externos.
La prohibición del maíz transgénico no significa un rechazo a la ciencia, sino una apuesta por una ciencia soberana, participativa y enraizada en los conocimientos tradicionales, según explicó la directora del CONACYT, Elena Álvarez-Buylla.
El maíz como símbolo nacional y biocultural
El maíz no es simplemente un cultivo para México: es un símbolo de identidad, cultura y resistencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 2.5 millones de unidades de producción agrícola cultivan maíz en el país, y se estima que alrededor de 10 millones de personas dependen directa o indirectamente de esta actividad.
México es reconocido internacionalmente como centro de origen y domesticación del maíz, y cuenta con una riqueza genética sin parangón: más de 59 razas nativas y más de 22,000 variedades locales registradas, muchas de las cuales están adaptadas a condiciones agroclimáticas específicas.
La reforma constitucional promulgada hoy busca preservar ese legado, proteger a las comunidades que lo cultivan y evitar la contaminación genética de las semillas nativas mediante polinización cruzada con variedades transgénicas.
Conclusión: un hito en la soberanía alimentaria de México
Con la entrada en vigor de este decreto, México se posiciona a nivel mundial como uno de los pocos países que han blindado constitucionalmente la protección del maíz nativo frente a la biotecnología transgénica. La medida representa no solo una política agrícola, sino también un acto de soberanía, defensa de la biodiversidad y justicia social, que abre un nuevo capítulo en el futuro de la agricultura mexicana.
