Los negociadores de la UE y de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) presentaron a finales de junio un acuerdo político que cierra 20 años de negociaciones. El acuerdo aún debe ser escrito, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre cómo los textos legales plasmarán el espíritu político que conducirá a crear un mercado de 800 millones de consumidores. Los analistas coinciden en señalar al sector industrial y las empresas constructoras europeas como las grandes beneficiadas por el acuerdo, en tanto que el sector agrario -especialmente el ganadero-, será el gran perjudicado.

Una vez más, la agricultura como moneda de cambio: compramos carne para vender coches. Los gurús económicos neoliberales han diseñado un modelo agrícola basado en la agroexportación y el agronegocio. Un modelo antagónico del social y profesional que caracteriza al sector agrario europeo. La experiencia nos dice que los acuerdos de libre comercio acaban beneficiando a los grandes latifundios y a las élites económicas de ambas partes en detrimento de los pequeños y medianos agricultores.

COAG ya ha mostrado de forma reiterada su oposición frontal a este acuerdo por considerar que pone en peligro el sostenible modelo agrario europeo, vital para garantizar la calidad, la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente y el desarrollo de las zonas rurales.

Nuestra organización ha reclamado al gobierno español que reconsidere su postura ante el brutal impacto sobre el 20% de la producción ganadera española (2.700 millones/año), tal y como recoge el estudio elaborado por los Servicios Técnicos de COAG. Por sectores, vacuno de carne, porcino, apícola y remolacha azucarera –estratégicos en Castilla y León-, así como determinadas frutas y hortalizas, serían los principales afectados por la competencia desleal de estas producciones, basadas en la utilización de hormonas de crecimiento, antibióticos y pesticidas prohibidos en la UE desde hace varias décadas.

Pero al margen de los datos, hay una cuestión sobre la que quiero poner el foco: tenemos la impresión de que este tipo de negociaciones y acuerdos, a menudo forjados durante años, se “esconden” al debate público. Como unos trileros, nuestros políticos se enredan ante la galería en parecer estar más de un lado o de otro, mientras fuera de cámara fraguan decisiones transcendentales para nuestra vida en las que prácticamente todos están de acuerdo.

Por eso, ahora que el acuerdo UE-MERCOSUR debe ser ratificado por los Parlamentos de cada país, tenemos que avanzar hacia un desarrollo pleno de la democracia, dando mayor cobertura a la voz de la ciudadanía a partir de una participación pública de sus organizaciones en todas las instituciones. Participación para recuperar la capacidad política de decidir sobre la gestión de los mercados; para desarrollar plenamente el derecho a una alimentación sana para toda la población -incluyendo a los más desfavorecidos-; para desarrollar una economía que integre a todas las zonas y personas y garantice una vida digna para todos. Y para integrar en esa economía el medio ambiente, los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Aurelio Pérez Sánchez, Coordinador COAG-Castilla y León

 

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