Castilla y León afronta una de las campañas más complejas de los últimos años. El Consejo de Gobierno ha declarado como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 tras los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde noviembre. La decisión abre la puerta a la adopción de medidas extraordinarias, entre ellas la flexibilización de requisitos de la PAC, con el objetivo de aliviar la presión sobre las explotaciones agrarias.
La medida, adoptada en el Consejo de Gobierno del 12 de febrero de 2026, supone el primer paso formal para activar mecanismos de respuesta adaptados a la gravedad de la situación.
Un punto de inflexión para el sector agrario de Castilla y León
Según la nota de prensa, el Consejo de Gobierno ha acordado declarar como excepcional la campaña agrícola debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado mes de noviembre. Esta decisión permite analizar oficialmente la existencia de un “fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación”, de acuerdo con la normativa europea.
La declaración no es un mero trámite administrativo. Se trata de una herramienta jurídica que habilita a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a aplicar medidas de carácter excepcional, adaptadas a la realidad que viven miles de agricultores en la comunidad.
Lluvias persistentes: el origen del problema
Los continuos episodios de lluvia han generado una cadena de efectos agronómicos negativos que comprometen tanto el presente como el futuro de la producción agrícola. La nota de prensa detalla varios impactos directos sobre las fincas:
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Saturación del suelo.
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Imposibilidad de entrada de maquinaria en las parcelas.
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Dificultades para realizar siembras, abonados y tratamientos fitosanitarios.
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Incremento del riesgo de compactación del terreno.
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Mayor incidencia de asfixia radicular en los cultivos.
Estos factores no solo retrasan las labores agrícolas, sino que pueden comprometer el rendimiento final de las cosechas y aumentar los costes de producción.
Flexibilización de la PAC: la medida clave
Uno de los aspectos más relevantes de la declaración es la posibilidad de establecer excepciones al cumplimiento de los requisitos de la Política Agraria Común (PAC).
Junta de Castilla y León podrá, a través de la Consejería competente, adaptar determinadas exigencias administrativas o técnicas cuando estas no puedan cumplirse debido a causas de fuerza mayor vinculadas a los fenómenos meteorológicos.
Esto resulta fundamental en un contexto donde muchas explotaciones no han podido ejecutar prácticas obligatorias por causas ajenas a su voluntad. La declaración de excepcionalidad permite:
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Justificar incumplimientos derivados del exceso de lluvias.
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Evitar penalizaciones injustas.
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Proteger la viabilidad económica de las explotaciones.
Impacto directo en las explotaciones agrarias
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Preparación del terreno.
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Aplicación de fertilizantes.
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Tratamientos fitosanitarios preventivos.
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Implantación de nuevos cultivos.
Además, la compactación del suelo provocada por intentos de acceso en condiciones inadecuadas puede generar daños estructurales de largo plazo en el perfil edáfico, reduciendo la capacidad de infiltración y aireación.
La asfixia radicular, derivada del exceso de agua en el suelo, compromete el desarrollo de los cultivos al limitar la disponibilidad de oxígeno para las raíces, afectando directamente al crecimiento y rendimiento.
Marco normativo europeo: activación por “fenómeno meteorológico grave”
La nota de prensa especifica que la Consejería analizará la existencia de un “fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación”, conforme a la normativa europea.
Este concepto es clave porque permite:
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Reconocer oficialmente la situación como causa de fuerza mayor.
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Justificar adaptaciones en los controles y requisitos.
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Implementar medidas extraordinarias alineadas con el marco comunitario.
La activación de esta figura jurídica evita que los agricultores asuman consecuencias administrativas por circunstancias completamente externas a su gestión.
Consecuencias económicas y estructurales
La declaración de campaña excepcional tiene implicaciones que van más allá del corto plazo. Los efectos combinados de lluvias persistentes pueden traducirse en:
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Reducción del potencial productivo.
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Aumento de costes por reprogramación de labores.
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Posibles pérdidas de rendimiento.
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Mayor presión financiera sobre las explotaciones.
La capacidad de respuesta institucional será determinante para minimizar el impacto acumulado en la campaña 2025-2026.
Una decisión estratégica en un momento crítico
La declaración adoptada el 12 de febrero de 2026 representa una respuesta institucional ante una situación que el sector venía denunciando desde hace meses.
La excepcionalidad no elimina los daños ya producidos, pero sí crea el marco necesario para que las medidas de apoyo puedan desplegarse con mayor agilidad. En un contexto marcado por la incertidumbre climática, la adaptación normativa se convierte en una herramienta clave para sostener la actividad agraria.
4 decisiones contundentes: la Junta solicita la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de Protección Civil
Además de la declaración de campaña agrícola excepcional, la Junta de Castilla y León ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil para todas las provincias de Castilla y León afectadas por las borrascas registradas entre los días 7 y 12 de febrero de 2026.
Según la nota de prensa, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha adoptado este acuerdo tras constatar el impacto de varias borrascas de alto nivel que provocaron:
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Descensos térmicos significativos.
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Nevadas intensas.
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Episodios de lluvias persistentes.
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Fuertes rachas de viento.
Estos fenómenos meteorológicos adversos ocasionaron incidencias relevantes en bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma sustancial la normalidad en las zonas afectadas.
Activación de los planes autonómicos de emergencia
Durante el episodio meteorológico se mantuvieron activadas distintas situaciones operativas de los planes autonómicos de protección civil, entre ellos:
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El Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL).
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El Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL).
El objetivo fue garantizar la seguridad de las personas y minimizar los daños derivados de la sucesión de borrascas.
Catástrofe en los términos de la Ley 17/2015
La nota de prensa señala que la concurrencia de estos fenómenos determina la existencia de una catástrofe, en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Se trata de una situación que ha alterado de forma significativa el funcionamiento ordinario de la Comunidad, generando daños e impactos materiales cuya atención puede superar los medios disponibles de la propia Administración autonómica.
En las zonas afectadas se han registrado:
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Daños en viviendas y enseres.
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Afecciones en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.
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Impacto en pequeñas empresas.
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Daños medioambientales.
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Incidencias en infraestructuras municipales y redes viarias.
Asimismo, las corporaciones locales han tenido que acometer actuaciones inaplazables para hacer frente a la emergencia, lo que implica la necesidad de compensación económica.
Solicitud formal de ayudas estatales
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia puede ser solicitada por las administraciones públicas interesadas. En virtud del artículo 16 r) de la Ley 3/2001 del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponde a la Junta la adopción de este acuerdo por su especial relevancia.
Mediante esta solicitud, la Junta reclama al Gobierno de España la adopción de las medidas previstas en el capítulo V de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, orientadas a:
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Facilitar la recuperación económica y social de las zonas afectadas.
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Compensar los daños producidos por las borrascas.
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Apoyar a agricultores, ganaderos, empresas y ayuntamientos afectados.
Con esta doble vía —declaración de campaña agrícola excepcional y solicitud de zona afectada gravemente por emergencia— la Administración autonómica articula una respuesta integral ante una situación meteorológica que ha impactado tanto en el sector agrario como en el conjunto del territorio de Castilla y León.
