El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas preventivas y de refuerzo frente al virus de la influenza aviar, que entrarán en vigor el próximo lunes 10 de noviembre de 2025. La decisión se adopta tras el incremento de casos detectados en varios países europeos, sobre todo en aves silvestres, y ante la intensificación de los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas, factores que elevan el riesgo de introducción del virus en España.
Según ha informado el ministerio, las actuaciones se dirigen especialmente a las zonas de especial riesgo y vigilancia, en las que se concentrará la mayor parte de las restricciones. En total, estas áreas abarcan 1.199 municipios distribuidos por todo el territorio nacional, incluidos puntos clave de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, entre otras comunidades autónomas. En ellas se aplicará el confinamiento de las aves de corral y una serie de limitaciones específicas destinadas a minimizar cualquier contacto con aves silvestres.
El Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, ha activado así la totalidad de las medidas contempladas en la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, relativa a la prevención, vigilancia y control de la influenza aviar. Esta normativa establece el marco de actuación ante situaciones de riesgo sanitario por la aparición o posible entrada del virus en explotaciones españolas.
Entre las disposiciones que comenzarán a aplicarse a partir del lunes, destaca la obligatoriedad de mantener a las aves de corral confinadas, evitando su salida al exterior. Esta medida tiene como finalidad impedir el contacto directo o indirecto con aves silvestres, principales portadoras del virus. En los casos en los que la cría al aire libre resulte imprescindible, las autoridades podrán autorizar su mantenimiento siempre que se garantice la instalación de telas pajareras u otros sistemas físicos de protección, que impidan el acceso de aves migratorias o autóctonas.
Asimismo, se prohíbe expresamente el uso de pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo, la cría conjunta de patos y gansos con otras aves de corral, y la presencia de aves domésticas o cautivas en certámenes ganaderos, exposiciones o celebraciones culturales. El Ministerio justifica estas medidas por su potencial para evitar concentraciones de animales que podrían facilitar la transmisión del virus.
Otro punto clave de la resolución establece la prohibición de ofrecer agua a las aves de corral procedente de depósitos accesibles para aves silvestres, salvo que haya sido tratada para inactivar el virus. Además, los depósitos de agua situados en el exterior y utilizados por motivos de bienestar animal deberán estar suficientemente protegidos para impedir el acceso de aves acuáticas.
El conjunto de medidas pretende reducir al máximo el riesgo de contagio tanto en explotaciones profesionales como en pequeños núcleos de cría y explotaciones familiares. Según el Ministerio, la experiencia acumulada en campañas anteriores demuestra que el confinamiento y la reducción de puntos de contacto con aves silvestres son herramientas decisivas para frenar la propagación del virus.
El Ministerio de Agricultura ha señalado que la aplicación efectiva de las medidas requerirá una estrecha colaboración con las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de sanidad animal. Cada comunidad podrá adoptar medidas complementarias, adaptadas a la realidad de su territorio, para reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones de la orden ministerial.
Las regiones con mayor número de municipios incluidos en las zonas de especial riesgo son Castilla y León (250), Cataluña (224) y Andalucía (197), seguidas por la Comunidad Valenciana (138), Extremadura (99) y Galicia (40). También figuran áreas de especial vigilancia en Castilla-La Mancha, Aragón, Madrid, Baleares, Navarra, País Vasco, Asturias, Murcia, La Rioja y Canarias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El Ministerio ha recordado que la influenza aviar no se transmite fácilmente a los humanos, pero que su impacto sobre el sector avícola puede ser devastador si no se controla de manera preventiva. En este sentido, las medidas buscan proteger la economía rural, garantizar la seguridad alimentaria y preservar la sanidad animal.
Además del confinamiento, se reforzará la vigilancia activa y pasiva en las explotaciones avícolas. Los servicios veterinarios autonómicos intensificarán las inspecciones y el seguimiento de síntomas compatibles con la enfermedad. El Ministerio ha instado a los titulares de granjas a notificar inmediatamente cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales y a extremar las medidas de bioseguridad.
Entre las recomendaciones se incluyen la limpieza y desinfección periódica de instalaciones y vehículos, el control del acceso a las granjas, el uso de ropa y calzado exclusivos, y la restricción de visitas. También se recomienda prestar especial atención a la procedencia de los alimentos y del agua, asegurando que estén libres de contaminación por aves silvestres.
Gripe aviar
El sector avícola español mantiene un alto nivel de profesionalización y bioseguridad, pero el Ministerio advierte de que la llegada de aves migratorias procedentes de zonas afectadas de Europa eleva el riesgo de introducción del virus. Los últimos informes comunitarios han registrado brotes en varios países del norte y centro del continente, en especial entre poblaciones de patos y gaviotas silvestres, lo que ha llevado a la Unión Europea a reforzar las medidas de prevención en toda su geografía.
El Ministerio de Agricultura ha realizado también un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos, especialmente de quienes viven o trabajan en zonas rurales o próximas a humedales y zonas de paso de aves migratorias. Se recomienda evitar el contacto con aves silvestres enfermas o muertas, y comunicar cualquier hallazgo a las autoridades locales o a los agentes medioambientales.
De igual modo, se recuerda que el consumo de carne o productos derivados de aves no representa ningún riesgo para la salud humana, siempre que se cumplan las normas sanitarias y de manipulación de alimentos. Los controles oficiales en mataderos y canales de distribución garantizan la inocuidad de los productos avícolas en el mercado español.
La decisión del Ministerio se enmarca en la estrategia nacional de prevención y control de enfermedades animales de alto impacto económico y sanitario. España cuenta con un sector avícola que produce más de 1,8 millones de toneladas de carne y huevos al año, con una fuerte presencia exportadora en la Unión Europea y terceros países. La aparición de brotes podría generar importantes pérdidas económicas y restricciones comerciales, por lo que la prevención se considera la herramienta más eficaz.
El Gobierno subraya que estas medidas son de carácter temporal y preventivo, y se revisarán en función de la evolución de la situación epidemiológica en Europa y en el territorio nacional. La coordinación con las comunidades autónomas, el sector productivo y las organizaciones profesionales agrarias será esencial para garantizar su cumplimiento y eficacia.
Con esta actuación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reafirma su compromiso con la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la protección del medio rural, reforzando los mecanismos de vigilancia y prevención frente a la influenza aviar en todo el país.
