Sólo en Salamanca se están perdiendo 200.000 euros por días según esta asociación de veterinarios

Los veterinarios advierte de pérdidas millonarias en el sector ganadero de Castilla y León por las medidas restrictivas al movimiento pecuario impuesto por el Ministerio de Agricultura

  • El Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) pide al Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que intervenga de urgencia y detenga la sangría económica y sobre todo la pérdida del, hasta ahora merecido, prestigio de los productos pecuarios de Castilla y León

Agronews Castilla y León

1 de junio de 2023

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Apenas tres días después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicara la Orden APA/526/2023, de 26 de mayo, por la que se establecen medidas para el movimiento de animales de la especie bovina «Bos taurus» desde Castilla y León, ya se están haciendo plomizos los devastadores efectos económicos de su aplicación. Según los primeros cálculos llevados a cabo por los  técnicos de la asociación de veterinarios SIVECAL – USCAL, los movimientos de la especie bovina, sólo en Salamanca, mueve más de cinco millones y medio de euros al mes, lo que supone que cada día que pasa se ponen en riesgo cerca de 200.000 euros en esta provincia, a los que hay que sumar las pérdidas en las otras cinco provincias con limitación de sus movimientos pecuarios.

Por este motivo, desde el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) nos hemos dirigido al Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en los siguientes términos:

<<Estimado Presidente,

Hondamente preocupados por la publicación, en el día de hoy, de la Orden APA/526/2023, de 26 de mayo, por la que se establecen medidas para el movimiento de animales de la especie bovina «Bos taurus» desde Castilla y León (BOE nº. 127, de 29 de mayo de 2023), nos vemos en la obligación de apelar a su responsabilidad para que intervenga decididamente en este asunto transcendental para el futuro del sector ganadero de Castilla y León, y su imbricación en la Salud Pública.

No es preciso que le volvamos a recordar que la aportación de la ganadería a las cuentas económicas de la comunidad autónoma representa el 51% de la Producción de la rama agraria autonómica, 15 puntos por encima de lo que supone en España, que es el 36%, y que su potencial productivo contribuye decisivamente al desarrollo y sostenibilidad del mundo rural de nuestra Comunidad.

Hace unos días nos dirigíamos, con escaso éxito, a la Directora General de Producción Agrícola y Ganadera, Dña. Teresa Rodríguez Vidal, para solicitar la modificación de la Resolución de 10 de mayo, publicada en el Bocyl de 15 de mayo, por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en la comunidad de Castilla y León. El motivo, en opinión compartida con los nueve Jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal, era la transgresión de la normativa básica nacional y comunitaria en esta materia. Le adjunto el motivado informe emitido colegiadamente por los compañeros responsables del saneamiento ganadero en todas y cada una de las nueve provincias de Castilla y León. Informe que desgraciadamente ha servido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para prohibir, con algunas excepciones, los movimientos de animales de la especie bovina «Bos taurus» situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a cualquier destino del territorio nacional, o de otros Estados miembros de la Unión Europea.

El establecimiento, en la referida Resolución de 10 de mayo, de actuaciones  no permitidas en la legislación de la Unión Europea y nacional, en particular, en el Reglamento Delegado (UE) 2020/688 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los requisitos zoosanitarios para los desplazamientos dentro de la Unión de animales terrestres y de huevos para incubar, y en el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas de vigilancia, los programas de erradicación y el estatus de libre de enfermedad con respecto a determinadas enfermedades de la lista y enfermedades emergentes, así como en el vigente programa nacional de erradicación de la tuberculosis bovina, está produciendo unos enormes perjuicios en el sector ganadero que requieren una intervención inmediata por parte del Presidente de la Junta de Castilla y León.

Poner en peligro la credibilidad sanitaria de un sector que en Castilla y León alberga el 22% del censo de vacuno de carne del país siendo, además, la locomotora nacional en la producción de leche de oveja de España con el 66% y liderando también el censo de cerdo ibérico con más del 30% del total nacional, sin olvidarnos de la relevancia del vacuno de leche con el 13% de la producción de España o del censo de ovino con el 20%, supone un riesgo sin precedentes del que difícilmente saldremos indemnes.

Como ya le advertimos en sucesivos escritos enviados el 26 de junio y 7 de julio de 2022, “desde que se produjo el nombramiento del Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y en este intervalo de tiempo desde el Sindicato Veterinario de Castilla y León hemos asistido atónitos a las declaraciones que ha vertido en relación a los programas de erradicación de la Tuberculosis Bovina, enfermedad de la que, por cierto, le hacemos notar la distorsión sanitaria y productiva que tiene de ella, y le recordamos que si se hacen realidad sus intenciones dejarían en un evidente riesgo de inmovilización y pérdida de competitividad a este nuestro sector ganadero tan importante por los motivos que le hemos expuesto”. Desgraciadamente, a día de hoy se han cumplido nuestras predicciones.

Por todo ello, y con la urgencia que requiere el caso, le solicitamos que inste al Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a que modifique la Resolución de 10 de mayo, publicada en el Bocyl de 15 de mayo de 2023, ajustándola a la vigente normativa nacional y comunitaria por la que se establecen los Programas de Control, Vigilancia y Erradicación de Enfermedades de los Rumiantes.

Asimismo, solicitamos amparo y protección para los funcionarios que en el ejercicio profesional de sus actuaciones científico-técnicas, y en su obligación constitucional de protección de la salud, están siendo objeto de acoso laboral y escrache personal por parte de algunas agrupaciones que, aunque no sean representativas de los verdaderos ganaderos, si están socavando el ejercicio de la función pública.

Para concluir, le reiteramos la solicitud de entrevista que ya le habíamos pedido en las premonitorias cartas de junio y julio de 2022.

Y de nuevo nos ponemos a su disposición para colaborar en cualquier aspecto que mejore el estatus sanitario de la cabaña ganadera de esta Comunidad y, consecuentemente, la Salud Pública. Saludos cordiales>>.


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