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El Ministerio de Transición Ecológica está presentando por toda España el documento preliminar del llamado “Libro Verde de la Gobernanza del Agua” (LVGA), un documento que desde la Asociación de Regantes de Andalucía, FERAGUA, se asegura que nace sin consenso ni credibilidad alguna en el que han participado en su génesis cerca de treinta expertos completamente alineados con los postulados de la llamada nueva cultura del agua y cuyas conclusiones (tan previsibles) ya se pueden imaginar todos los regantes. Objetivo del LVGA; pagar más por menos agua, mientras que nada se habla de nuevas obras de regulación, trasvases y de mejora de regadíos. Las obras y los déficits no forman parte de la Gobernanza. El nuevo mensaje oficial es claro, las cuencas son “naturales”, no tienen déficits hídrico, y cada una, se tiene que apañar con los recursos existentes. Y la solución que se atisba por los “expertos”, es incrementar su coste con nuevos impuestos ambientales para reducir la demanda hídrica.

Realmente lamentable que en el proceso de un documento oficial que debe hacer evaluación de la política del agua en España hayan sido excluidos prácticamente todos los usuarios, y particularmente los representantes del regadío, como sector más demandante del recurso agua en España. Ni representantes de Fenacore, ni de las Federaciones y Asociaciones de Regantes de Cuenca, ni representantes de Comunidades de regantes representativas fueron llamadas entre los expertos que han diseñado el LVGE. Por el contrario, los llamados “expertos” – que fueron escogidos por la comisión de medio ambiente del Parlamento-  y que provenían de las administraciones públicas, de las universidades y de otros organismos conservacionistas cercanos a la Nueva Cultura de Agua, que ni viven, ni son conservadores y mantenedores del medio rural, ni conocen en profundidad la problemática de agua en los territorios, sí estuvieron ampliamente representados.

Es fácil pensar, qué si la política de aguas en España se diseña en los despachos públicos y no se cuenta con la opinión de los principales usuarios y gestores del agua –no solo del regadío, ya que tampoco los usos industriales, los hidroeléctricos y los abastecimientos estuvieron adecuadamente representados-, mal encaminada pinta dicha política para el territorio rural y para los regantes de España.

Recientemente tuvo lugar en Sevilla una jornada para presentar este documento y debatir sobre él, jornada a la que sí fue convocada FERAGUA, pero solo gracias a la intermediación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a quien agradecen el detalle. Unos 10 representantes del regadío de Andalucía, provenientes de Huelva, Almería, Córdoba y Sevilla, participaron en la Jornada, criticando en primer lugar la exclusión del regadío en la elaboración de un documento teóricamente llamado a servir de base de futuros cambios normativos en materia de Aguas.

En su intervención, los representantes de FERAGUA defendieron el impacto positivo de la modernización del regadío sobre el ahorro de agua y la disminución de la contaminación difusa que la modernización conlleva, aunque también señalaron que se ha traducido en un gran endeudamiento y un incremento del coste energético que, si no se corrige, será enormemente desincentivador para nuevos proyectos de modernización.

Asimismo, el Presidente de Feragua puso de manifiesto la importancia del regadío en la fijación de la población al medio rural, lo que está demostrado en los estudios demográficos que ponen de manifiesto que donde hay regadío hay vida y empleo, y se mantiene o crece la población, mientras que disminuye significativamente donde no hay regadío.

Por último, el secretario general de Feragua reiteró que la solución de las políticas de aguas, no pasa por el fácil recurso de subir su coste como se atisba desde el documento inicial del Libro Verde, sino por incentivar el uso eficiente que supone la modernización del regadío, no apostar por nuevos regadíos y aumentar las garantías para los usos actuales con las obras de regulación, trasvases, y la apuesta por los recursos no convencionales de la regeneración y la desalación, previstas en la planificación hidrológica vigente – que duermen en los cajones ministeriales- para hacer frente al reto del cambio climático.

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