• La Unión denuncia que según los costes de producción no es legal firmar un contrato de compraventa de uva por debajo de los 315 €/tm para uvas de 14º y pide la intervención de las administraciones.

A mediados de esta semana va a comenzar la vendimia en Extremadura, aunque ya se vendimia la uva para la denominación de origen CAVA en Almendralejo.

Esta campaña se prevén producciones muy bajas aunque de mucha calidad, y con una alta graduación, debido a que en los últimos meses apenas han caído precipitaciones en las zonas productoras.

Esta campaña las hectáreas de viñedo extremeñas apenas van a alcanzar una producción de 3.000 kg/ha, sobre todo las variedades tintas, con lo que no van a llegar al 50% de su producción en una campaña normal.

Teniendo en cuenta la disminución de producción de uva en La Mancha y Extremadura debido a la sequía y la pérdida de producción tanto en Italia como en Francia debido a las heladas que sufrieron esta primavera, lo lógico sería pensar que al haber una menor oferta el precio sería superior al del año pasado.

Se están empezando a firmar los primeros contratos de compraventa de uva para vino y algunas bodegas están ofreciendo apenas 170 € por tonelada para las variedades blancas y de 220 € por tonelada para las variedades tintas, para uvas de alrededor de los 14 grados.

Estos precios ofertados por las bodegas están más de 95 € por tonelada por debajo de los costes de producción, que es el referente que exige la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria como precio mínimo al cual se puede firmar un contrato.

La Unión Extremadura va a denunciar ante el AICA cualquier contrato de compraventa de uva para vinificación que esté por debajo de los 315 €/tm que es el importe aproximado de los costes de producción de la uva en Extremadura.

Las pérdidas que se van a producir en este sector, entre la bajada de producción y los precios ruinosos a los que están ofertando las bodegas se calculan en pérdidas de alrededor de los 84 millones de €, por el descenso de producción y por los bajos precios.

La Unión considera que respecto a la mala producción poco se puede hacer, pero que la Administración tanto regional como estatal es la responsable de que no se cumpla la cláusula de la Ley  de Cadena Alimentaria con respecto al precio mínimo al cual se debería firmar un contrato de compraventa.

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