Tras la celebración de una asamblea general, la Asociación de Mataderos de Castilla y León, AMACYL, solicita una reunión con la Junta de Castilla y León en la que abordar diversas cuestiones[[{«fid»:»60091″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:495,»width»:650,»style»:»width: 400px; height: 305px; border-width: 5px; border-style: solid; margin: 5px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]] relacionadas con la regulación que afecta a su actividad. En concreto, con la nueva directora general de Salud Pública de Castilla y León, Sonia Tamames, de la que dependen los mataderos de esta asociación.
Sus principales reivindicaciones están relacionadas con las tasas oficiales que deben abonar, tanto en relación con su recaudación, como con su importe, no habiéndose visto reducidas ni como consecuencia de la crisis por el Covid-19, ni tampoco ante los actuales incrementos del coste de la energía. Cabe remarcar asimismo que dichas tasas están reguladas desde la Junta de Castilla y León, siendo éstas de una cuantía muy superior a las de otras comunidades autónomas e incluso a las reguladas por la Normativa Europea, de obligado cumplimiento para todos los países de la UE. Este sobrecoste supone que de media un matadero de Castilla y León pague al año unos 8.000 euros más en tasas que los de otras comunidades de nuestro país.
Señalan además como “muy problemática” para el ejercicio de su actividad la actual regulación en materia de horarios. Por una parte, la exigencia de un preaviso de 4 días para las modificaciones de los cambios de horarios dificulta la organización de sus empresas, en la que intervienen, aparte de los servicios veterinarios, distintos agentes no dependientes del matadero en cuestión como ganaderos y rutas de transporte. A esta exigencia de preaviso hay que añadir el hecho de que sea necesario abonar un importe extra para poder tenerlos abiertos a determinadas horas, fines de semana y/o los días 24 y 31 de diciembre.
A todas regulaciones tienen que sumar la actual legislación en relación con el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, Provacuno, Interovic e Interpoc, en concreto en relación a la aportación económica obligatoria y sistema de recaudación que, según señalan, “suponen un sobrecoste adicional en el desempeño de su actividad”.
Homogeneización de los criterios para las deducciones
Otro de los temas que pretenden tratar es el de las deducciones de aplicación en su actividad, ya que, a pesar de existir una Instrucción en vigor sobre actuaciones en materia de tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, consideran “imprescindible una homogeneización de los criterios a aplicar, no quedando éstos, como ocurre actualmente, al albur de decisiones subjetivas en cada caso”. Piden además que esas decisiones, como la consideración de una falta como grave, no acarreen como consecuencia la retirada de deducciones.
Por otra parte, están “absolutamente en contra” de la responsabilidad total y absoluta que pretende imponerse a los mataderos por todo lo que acontezca en su interior, independientemente de que las actuaciones susceptibles de la responsabilidad que corresponde hayan sido llevados a cabo por personas que no tienen ningún cargo ni de representación o de gestión del matadero o que, incluso aunque los tenga, su actuación sea realmente ajena a ese ámbito de representación o de gestión.
Solicitan además la revisión de criterios laborales de los trabajadores de su sector que permita la jubilación a una “edad prudencial” en relación con el desempeño de la actividad, no a los 65 años como está estipulado en la actualidad.
Por último, demandan una regulación respecto a la identificación en los puntos de venta de productos cárnicos de reses sacrificadas tanto por el rito halal como por el kosher, de manera que el consumidor final disponga de esta información.
