Los Gobiernos de los Veintisiete, el Parlamento Europeo (PE) y la Comisión Europea (CE) estudian imponer un máximo de pérdidas del 30% entre los sectores agrícolas, a consecuencia del nuevo sistema de reparto de pagos directos de la futura Política Agrícola Común (PAC) en el periodo 2014-2020.
El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) se encuentra reunido desde el 24 de junio en Luxemburgo para cerrar una posición sobre la reforma de la PAC más próxima a la del otro colegislador, el Parlamento Europeo, para intentar lograr un acuerdo definitivo esta semana sobre las ayudas agrícolas para los próximos siete años.
En paralelo, los ministros mantienen negociaciones a tres bandas con los equipos negociadores de la Eurocámara y la Comisión Europea para intentar aproximar sus posiciones sobre diversos asuntos aún por definir.
La reforma persigue premiar unas prácticas agrícolas más ecológicas y un reparto más equilibrado de las ayudas.
En el primero de los dos “trílogos” que las tres instituciones programaron para hoy abordaron uno de los temas que más preocupan a España: la “convergencia interna” o cómo se repartirán los pagos directos (el grueso de las ayudas de la PAC) a nivel nacional.
La CE, que en un principio quería imponer una “tasa plana” por hectárea para todos los agricultores europeos, propuso después, tras el rechazo de grandes potencias agrícolas como España, Francia o Italia, un umbral mínimo de convergencia de las ayudas en 2019 a nivel nacional del 75% del pago medio regional por hectárea, una cifra aún muy elevada para muchos países.
Hoy la Comisión, los eurodiputados y los ministros han protagonizado un “acercamiento” en ese aspecto y estudian rebajar ese porcentaje a “entre el 50 y 70 %”, si es que ningún sector sufre pérdidas de más del 30 %, indicaron fuentes comunitarias.
El ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, indicó a su llegada a la reunión que el objetivo de España es que los agricultores y los distintos tipos de cultivos en España sigan percibiendo el mismo nivel de apoyos, sin que algunos dejen de recibir ayudas que mermen su competitividad.
Para mitigar el impacto de la “convergencia interna”, España solicita una regionalización “muy flexible”, excluir a todos los pequeños agricultores, disponer de un suelo de convergencia más bajo y establecer cláusulas de limitación de pérdidas, algo que el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, consideró que puede ser una solución para la diversidad del campo español.
La eurodiputada socialista Iratxe García, que forma parte del equipo negociador del Parlamenro Europeo, confirmó a la prensa al término del primer trílogo el “acercamiento” de posturas sobre la convergencia interna, que llegaría según dijo al 60% del pago regional por hectárea en 2019, siempre y cuando “ningún sector perdiera más de un 30% de la actual ayuda que tiene en estos momentos”.
Por lo que se refiere a los pagos acoplados (excepcionalmente ligados a la producción), la eurodiputada también vio posible llegar a un acuerdo, aunque “no está todavía abordada todavía la cuestión de la lista de productos” que se beneficiarán de esas ayudas, en la que España quiere que estén incluidos el tabaco y el algodón.
El Consejo (los países) quiere situar entre el 7 y el 12 % el porcentaje del sobre nacional de ayudas de la PAC que irá destinado a los apoyos acoplados.
La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo iniciaron a última hora de la tarde una segunda negociación a tres bandas que, según fuentes de la presidencia irlandesa de la UE, está previsto que se prolongue por varias horas.
En esa reunión esperan abordar otros asuntos pendientes como el fin de las cuotas del azúcar, que España quiere que se prorroguen hasta al menos 2017 posición intermedia entre lo que plantea la Comisión 2015 y el Parlamento 2020 y que parece que va ganando fuerza según se avanza en las negociaciones, o los derechos de plantación de los viñedos, que espera que se prolonguen hasta, por lo menos, 2024.
El PE también presiona para tomar parte en un debate que los líderes de la UE quisieron zanjar en su cumbre de febrero sobre la posibilidad de imponer un límite a las grandes explotaciones, que finalmente decidieron dejar en manos de cada Estado miembro.
La propuesta que estudian actualmente prevé una modulación regresiva del 14 % para las explotaciones que perciban entre 150.000 y 300.000 euros anuales (todavía no se ha hablado de un porcentaje de reducción para las que percibiesen más de esa cantidad).
En cualquier caso, la presidencia de la UE recalcó que “nada está cerrado hasta que todo lo esté”. Las tres instituciones se han propuesto intentar cerrar un acuerdo definitivo sobre la PAC para el miércoles.
España
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha mostrado su disposición a alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común “siempre que sea positivo y beneficioso para los agricultores españoles y nos permita un esquema en el que los diferentes cultivos sigan percibiendo unos niveles similares de apoyo a los actuales y no haya flujos financieros significativos entre territorios”.
A la entrada del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en Luxemburgo, el ministro ha explicado que la Comisión “empieza a ser sensible a la estrategia que ha puesto en marcha el Gobierno español” y que las negociaciones para alcanzar un acuerdo final sobre la reforma continúan avanzando, “aunque la negociación está aún muy abierta en temas que son importantes para España”.
En este sentido, el ministro ha señalado que los problemas básicos se encuentran en cerrar el modelo de convergencia interna, donde España está trabajando “en varios frentes”. Así, Arias Cañete ha indicado que se está negociando que los pequeños agricultores estén exentos de la convergencia. “Eso dejaría fuera de la convergencia de condicionalidad y de reverdecimiento a casi más de la tercera parte de los agricultores españoles”, si el umbral se fijara en los 1.250 euros de ayuda por año.
A este respecto, el ministro ha reiterado que España no comparte los niveles de convergencia interna que quiere la Comisión, cuya propuesta pretendía una tasa plana absoluta del 100% “y, por lo tanto, en este momento estamos negociando porcentajes muy inferiores”
Al mismo tiempo, el titular de Agricultura ha indicado su intención de negociar la introducción de una cláusula de limitación de pérdidas, para aquellos casos estadísticos puntuales que se pudieran producir, para que nadie pueda perder por encima de un determinado umbral.
Además, Arias Cañete ha afirmado que España quiere que el greening o pago verde se calcule a nivel de explotación y no a nivel nacional, “porque si se calculara a nivel nacional habría una convergencia automática inicial del 30% que se iría sumando a otras”. En este terreno, el ministro ha indicado la necesidad de combinar este cálculo con un modelo de regionalización, “que combine las comarcas geográficas, las características agronómicas y los niveles económicos de ayuda, de tal manera que con un número importante de comarcas, también se flexibilice la convergencia interna”.
También en materia de reverdecimiento, el ministro ha afirmado que se está negociando que los cultivos permanentes sean cultivos que cualifiquen para recibir las ayudas de greening sin ningún otro requisito, “lo que situaría a los olivares, los viñedos, los cítricos y las hortalizas como superficies exentas de requisitos adicionales”.
Por otra parte, Arias Cañete se ha referido a las negociaciones para mantener los mecanismos de ayuda a sectores como el tabaco y el algodón en los niveles actuales, “ya que son dos cultivos de enorme impacto económico y social en determinados territorios españoles”
En el ámbito de la prórroga de las cuotas del azúcar, “nosotros defendemos, como mínimo, la prórroga hasta 2017”, mientras que en el campo del viñedo, “que las autorizaciones a la plantación se prorroguen para limitar la expansión de los cultivos hasta el año 2024, como mínimo”, ha detallado.
Por otro lado, Arias Cañete también ha explicado los avances en materia de desarrollo rural, “donde ya tenemos el Programa Nacional de Desarrollo Rural y mejoras muy importantes en regadío”. En este ámbito, “queremos que los porcentajes de cofinanciación que se pactaron en el Consejo Europeo de marzo, se apliquen también por el Parlamento y por la Comisión”.
En sus declaraciones, el ministro ha afirmado que ha calado el mensaje de que España no es un país con producciones continentales homogéneas, sino que coexiste una amplia diversidad de cultivos. “Es decir, somos un país con una riqueza de cultivos y una biodiversidad magnífica, lo que hace que no se puedan dar tratamientos uniformes y que la aplicación de convergencias llevadas al último nivel produzca una enorme injusticia”, ha recalcado el ministro, quien espera que ahora la Comisión ofrezca “todas las herramientas” para conseguir la flexibilidad necesaria.
Por último, Arias Cañete ha explicado que también se va a trabajar en la modificación de los precios de entrada de las frutas y hortalizas procedentes de terceros países, para conseguir un mayor control de las importaciones, “que también es uno de los objetivos que tenemos que cerrar en la reforma”. Y en el caso del aceite, se va a tratar la recuperación de los precios de referencia, que son los desencadenantes del almacenamiento.
Tres activistas irrumpen en el Consejo de la UE
Tres activistas irrumpieron hoy con una pancarta en el consejo que los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebran en Luxemburgo con vistas a cerrar un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para pedir que sea más “justa” y ecológica.
Tres personas lograron penetrar hasta el área restringida por la que acceden los ministros europeos al edificio donde celebran la reunión con una pancarta en la que podía leerse “Prometisteis una PAC verde, justa y local. Políticos, no engañéis a vuestros ciudadanos”.
Dos de ellos, un hombre y una mujer, se acercaron hasta la puerta donde la prensa esperaba la llegada de los ministros, pero fueron rápidamente reducidos y esposados por los agentes de seguridad del Consejo, quienes trataron de impedir que mostraran la pancarta.
Mientras, los detenidos gritaron “hace falta una PAC justa y local para los agricultores”.
Estas tres personas son próximas a la plataforma de ONG ARC 2020, en favor de la participación ciudadana en la toma de decisiones de la reforma agrícola europea, según indicaron a Efe fuentes comunitarias, que precisaron que eran independientes de otro grupo que se manifestaba en el exterior del Consejo.
Los activistas aprovecharon un momento de descuido de los guardias para entrar en la zona restringida por la que acceden los ministros al edificio, explicaron, y añadieron que el personal de seguridad los expulsó del recinto.
Los ministros europeos tratan de acordar una posición sobre la reforma de la PAC que se aplicará en el periodo 2014-2020 lo suficientemente cercana a la del otro colegislador, el Parlamento Europeo, como para cerrar un acuerdo definitivo sobre la nueva normativa esta semana.
Fuentes comunitarias señalaron que esperan que este acuerdo entre el Consejo (en el que están representados los gobiernos de los Veintisiete) y la Eurocámara pueda producirse el miércoles, aunque para eso aún será necesario que ministros y eurodiputados se pongan de acuerdo sobre gran cantidad de asuntos que aún quedan pendientes.
Entre ellos, cómo se repartirán las ayudas a nivel nacional (la llamada “convergencia interna”), la concesión de hasta un 30% de los pagos directos a cambio de prácticas ecológicas o la definición de esquemas de ayuda para agricultores activos, pequeñas explotaciones y jóvenes agricultores.
EFE
