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La propuesta socialista instando a la Junta de Castilla y León a arbitrar las medidas oportunas para que la corrección financiera por la no aplicación del Reglamento de 2007 sobres pastos no recaiga en los agricultores de Castilla y León ha sido aprobada por consenso en la Comisión de Agricultura celebrada hoy, 9 de febrero, en las Cortes de Castilla y León.

La resolución aprobada insta al Gobierno Autonómico a “trabajar junto con el resto de Comunidades Autónomas para que la corrección financiera por la no aplicación de la normativa en relación con la determinación de las superficies admisibles de pastos se asuma por la Administración General del Estado, al afectar a un conjunto elevado de Comunidades Autónomas, sin recaer directamente en los agricultores y ganaderos.”

El portavoz socialista de Agricultura, Juan Luis Cepa, que defendió la iniciativa explicó que otras comunidades autónomas afectadas por esta sanción que podría ascender a 290 millones de euros, ya están trabajando para evitar que la multa recaiga en los ganaderos.

La sanción que plantea Bruselas se debe, recuerda el Partido Socialista de Castilla y León en un comunicado de prensa, a la detección de irregularidades en la catalogación de suelo propio para pastos por el que se perciben ayudas de la PAC ya que no se aplicó el reglamento de 2007 sobre criterios para definir los pastos. Dicho reglamento establece que sólo se puede declarar como pastos lo que es aprovechable para el ganado pero no zonas rocosas o masa forestal densa donde los animales no pueden entrar.

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