La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Teresa Jordà, han acordado abrir vías de trabajo para defender los intereses conjuntos y una «visión mediterránea» en materia agrícola y pesquera ante las reformas previstas de la Política Agraria Común (PAC) y en el modelo de gestión de la pesca de arrastre.
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Las dos conselleras se han reunido este jueves por la mañana en el Agromuseu de Vera, en medio de L'Horta de València, en un primer encuentro bilateral en el cual, han participado también los secretarios autonómicos de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, y de Medio Ambiente, Fran Quesada. También ha asistido el director general de Agricultura y Pesca, Roger Llanes, y la directora general de Desarrollo Rural, Maite Chàfer.
Elena Cebrián ha valorado la reunión como «muy constructiva», y Teresa Jordà ha puesto en valor todo lo que «nos une». Ambas conselleras han remarcado la necesidad de un acercamiento para avanzar en la resolución de temas comunes que afectan y preocupan a sus sectores agroalimentarios y pesqueros.
Cebrián ha reiterado la defensa de la singularidad mediterránea ante la futura reforma de la PAC prevista para el periodo 2021-2027, asumiendo que la nuestra es una agricultura abierta, acostumbrada a competir en los mercados internacionales y que la actual PAC no se adapta a nuestra estructura agraria y ha perjudicado el sector. Por esto, con la Generalitat de Cataluña coincide al reclamar la regionalización de los fondos y que los planes estratégicos reflejen las particularidades y necesidades propias, con el objetivo de poder hacer una gestión más eficiente y eficaz de las ayudas.
Situación citrícola
En relación a la campaña citrícola, para ayudar a hacer frente a la crisis de precios que sufre este sector provocada, en parte, por el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y algunos países del África Meridional, además de otros factores coyunturales y estructurales, las dos conselleras se han comprometido a pedir al Ministerio de Agricultura que vele por la situación y salgan adelante las acciones acordadas ahora hace tres años por el Senado. Se ha valorado, así mismo, la conveniencia de hacer lobby en Bruselas.
También se han comprometido a pedir la realización de estudios e informes de evaluación para conocer el impacto económico y medioambiental de este acuerdo comercial sobre el sector citrícola; la posibilidad de activar una cláusula de salvaguardia; medidas compensatorias a los productores, así como mantener y reforzar el control y la vigilancia de los productos en una situación de crisis como la que se está produciendo actualmente. Es necesario un buen control fitosanitario en fronteras que exista una reciprocidad en las exigencias respecto a los productos y formas de producción de terceros países.
En materia de sanidad vegetal, se ha puesto sobre la mesa la problemática que supone la retirada este año, por parte de la Comisión Europea, de los productos fitosanitarios autorizados hasta ahora para luchar contra la plaga del escarabajo Picudo, que afecta las palmeras y que está extendido por todo el arco mediterráneo europeo. No existe ningún control natural que pueda mantener las palmeras protegidas. Por eso, la consellera Jordà también ha pedido a Elena Cebrián hacer un frente común con la Generalitat Valenciana para pedir soluciones al Ministerio, puesto que la Comunitat Valenciana también cuenta con muchos municipios con palmeras y con el Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que hay que proteger.
También han coincidido en constatar que en materia de política pesquera nos encontramos a las puertas de un cambio histórico en el modelo de gestión de la pesca de arrastre, la más importante por su importancia económica tanto en Cataluña como la Comunitat Valenciana. Un reglamento comunitario en proceso de adopción establece un régimen de gestión basado en la limitación de los días de pesca anuales, así como otras medidas técnicas y de conservación adicionales.
En el marco del Estado, el sector de arrastre de la Comunidad valenciana y Cataluña alcanza el 70% del total de esta flota en el Mediterráneo y ambos gobiernos comparten la misma visión sobre su gestión y su futuro, que pasa para mantener las embarcaciones actuales. evitando la pérdida de más flota, y compensando la posible reducción de posibilidades de pesca mediante la mejora de la comercialización y la recuperación de los recursos pesqueros.
Las dos conselleras también han coincidido en la necesidad de avanzar en la cogestión, apoderando el sector para que sea partícipe en la toma de decisiones locales. Ambos gobiernos han trabajado estrechamente sobre esta materia los últimos años y han conseguido influir de manera importante en las propuestas actuales, tanto en el Estado como en Bruselas. Esta colaboración se estrechará todavía más durante 2019, año decisivo en que se decidirán los detalles concretos del nuevo modelo que probablemente entrará en vigor el 2020.
