En opinión de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos la grave situación de precios y de mercado desestabilizado que sufren los ganaderos españoles no encuentra respuesta en el Ministerio de Agricultura, que sigue convocando reuniones de las que no sale ninguna solución. La organización considera que, tratándose el lácteo de un sector deficitario y con un potencial productivo razonablemente reestructurado, la responsabilidad del Gobierno, que no está asumiendo, consiste en tutelar que el mercado no se vea alterado por prácticas abusivas de la industria, importaciones agresivas y disfunciones de la cadena alimentaria.
La única valoración positiva que puede hacer la organización de las últimas actuaciones del Gobierno en el tema lácteo, es que finalmente se reconoce la existencia de una crisis que hasta hace poco se negaba, reduciéndola a “problemas puntuales” según trasladó el Ministerio a la Unión de Uniones en la última reunión mantenida al respecto. Frente a una situación de precios que hasta el Presidente Rajoy ha calificado de “profundamente injustos” para el ganadero, el Ministerio deposita en la buena voluntad de la industria y la distribución la mejora de los precios al productor sin establecer un objetivo de referencia y sin considerar que la ausencia de esa buena voluntad, incluso la existencia de mala voluntad, es la que nos ha conducido a la situación actual.
El Ministerio de Agricultura español dice no poder, como si es posible al parecer para el Gobierno francés, contribuir con diversas medidas a determinar un precio más acorde con los costes de producción que debería ser el objetivo a alcanzar para garantizar la supervivencia del sector productor de vacuno de leche en nuestro país. Así pues, la última oferta trasladada por el Ministerio al sector se limita a la vieja fórmula de concentrar la oferta y en una recomendación a industria y distribución para “llevarse bien” con la producción.
A la vista de ello, la Unión de Uniones sospecha que el Ministerio o no tiene un diagnóstico sobre los motivos de esta crisis, o lo que es más grave, mira para otro lado. La inhibición del Ministerio en sus responsabilidades no es excusable ni siquiera en sectores en sobreproducción (como ya lo hiciera por otra parte hace un par de campañas en el vino, con la famosa destilación obligatoria sin ayudas); pero resulta inadmisible en el sector lácteo en el que sólo contamos con una producción de 6,5 millones de toneladas para abastecer una demanda de 10 millones, porque denota que existen causas más allá del funcionamiento normal del mercado.
El Ministerio, si pide a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que evalúe la legalidad del acuerdo francés de precios, igualmente debería ordenar la investigación, y reclamar lo propio de las autoridades comunitarias, sobre por qué a la industria y la distribución asentadas en España, en buena parte de capital extranjero, pueden estar más interesados en que consumamos los excedentes de otros países donde está más cara la leche e importan leche y productos lácteos foráneos, con los correspondientes gastos de transporte, que promover con precios razonables la producción local española y si ello no obedece a prácticas de dumping oculto en los países de origen de dichas importaciones.
De la misma manera convendría que el Ministerio examinara, en aras a la mejor trazabilidad y trasparencia del mercado, los motivos por los cuales la leche desnatada importada a bajo precio (puesto que el valor residual de la nata y la mantequilla se queda en sus países de origen) que son las que arrastran a la baja la cotización en España, acaba en los lineales de la gran distribución exactamente al mismo precio que la leche entera.
La Unión de Uniones pide, por lo tanto, al Ministerio que, al margen de otras medidas de apoyo a los ganaderos, emprenda actuaciones a aclarar los anteriores extremos y que multiplique la dotación en medios y personas de la AICA para que dicho organismo puede ejercer sus funciones de control y sanción, bajo la directriz de perseguir las prácticas abusivas y desleales de la industria y la distribución con el sector productor.
