La Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, establece que los productos frescos se deben pagar en el plazo de un mes desde la recepción del producto, en este sentido las industrias transformadoras de tomate, como compradoras de productos frescos estarían obligadas a pagar el producto en este plazo.

En la campaña actual, estas industrias han utilizado un resquicio que establece la citada Ley, para abonar el producto a los 30 días pero desde la última entrega, de modo que si los primeros tomates se entregaron a la industria para su transformación el 20 de julio y la última se produjo el 20 de septiembre, la industria va a abonar el importe en el mejor de los casos el 20 de octubre, a los 30 días de la última entrega pero a los 90 días de la primera.

La Unión de Extremadura entiende que estas actuaciones de la industria trasformadora incumplen la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria y por este motivo se ha presentado una denuncia en La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para que una vez estudiado los respectivos casos establezcan las sanciones que establece la Ley.

No es admisible, en opinión de esta organización agraria, que la industria se quiera financiar con el dinero de los productores, en esta campaña, los importes de la producción de tomate extremeño asciende a un total de 151 millones de euros con alrededor de 2.093.000 toneladas de tomates recepcionadas por la industria; y mientras esto sucede, los productores están abonando a las entidades financieras los correspondientes intereses por los préstamos de campaña, más de un millón de € en este plazo.