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La Consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura reunió ayer, 8 de febrero, al Consejo Agrario, para tratar el problema de la sequía hidráulica. Tras la reunión comunicaron a los regantes que para paliar el desastre de no poder regar en esta campaña más de 60.000 hectáreas, van a solicitar al Gobierno de la Nación “ayudas fiscales”.

 Lógicamente la administración no puede hacer que llueva para que se llenen los embalses y poder regar, advierten desde la organización agraria, pero ante la situación de emergencia en el campo extremeño, circunscribirse exclusivamente a solicitar al Gobierno medidas fiscales parece a todas luces una ridiculez.

La Ley Agraria de Extremadura establece que en estos casos, la Junta tiene que adoptar medidas para garantizar un reparto justo del agua, tiene que aprobar un decreto de urgencia para que por causas de fuerza mayor se aseguren las ayudas de la PAC, tiene que permitir, por causas de fuerza mayor, utilizar el agua de los pozos con independencia de su tramitación administrativa, que por cierto lleva paralizada más de 10 años, tiene que garantizar la exención de impuestos y tasas de regadío ya que no se va a regar, tiene que aprobar unas ayudas a cooperativas y Sat que por falta de actividad van a ver reducidos sus ingresos y puesto en peligro su mantenimiento. Y todo esto lo tiene que hacer La Junta de Extremadura ya que es la que tiene las competencias transferidas en materia de agricultura, aseveran desde La Unión.

También las administraciones tienen que explicar el motivo por el cual desde pantanos como la Serena al 14% de su capacidad, le estamos soltando agua para el caudal ecológico al Pantano de Alqueva que en estos momentos tiene embalsada más de 3.200 hm3 de agua, más del 75% de su capacidad, no parce muy ecológico vaciar un pantano para que el más abajo se llene.

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