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  • La organización insiste en que los restos de poda agrícola no son un residuo, sino un subproducto de material vegetal que se gestiona en la misma explotación

LA UNIÓ Llauradora reclama una clarificación acerca de la quema de residuos agrícolas incluida en el proyecto de ley que regula la gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC) y que será aprobado en el Congreso este jueves tras su paso y aprobación por el Senado el pasado miércoles.

Una enmienda transaccional, pactada en el Senado por los Grupos Parlamentarios Socialista, Esquerra Republicana, PNV y JxCat y el Democrático, establece que no está permitida la quema de residuos agrícolas excepto para las pequeñas y micro explotaciones agrarias, es decir para la práctica totalidad de estas en la Comunitat Valenciana. Hasta ahí queda todo claro pero sin embargo luego incluye textualmente que “No obstante, (…), sólo podrá permitirse la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola cuando cuenten con la correspondiente autorización del órgano competente de las Comunidades Autónomas, bien por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas,bien con el objeto de prevenir los incendios”.

En este sentido, la única variación relevante en relación con el artículo 27.3 de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados es que según este artículo las autorizaciones por razones fitosanitarias debían solicitarse a título individual a la autoridad competente y ahora se entiende, según la literalidad de la redacción aprobada con esta enmienda, que la autorización debe ser emitida por la autoridad autonómica competente por cultivo y por la razón fitosanitaria específica de cada uno de ellos .

Por este motivo, la organización demanda que se clarifique la situación de cómo quedarán las quemas agrícolas a partir de dicha aprobación porque la enmienda da lugar a múltiples interpretaciones, según ha podido constatar durante los últimos días. Así, pide que se emita una nota aclaratoria para que no existan errores interpretativos acerca de las quemas.

LA UNIÓ considera que si se interpreta que hay que autorizar las quemas por parte de las comunidades autónomas cultivo por cultivo por razones fitosanitarias la burocracia puede aumentar y ser interminable. Realizar una normativa específica anual por cada comunidad autónoma y para cada sector a la hora de efectuar las quemas supone una mayor burocratización para un sector como el agrario que es esencial y que ya está sometido a numerosos condicionantes en su actividad diaria, como por ejemplo el cumplimento de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales que el próximo período de la PAC, que se inicia el próximo 1 de enero, ya limitará mucho esta práctica.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, exige que se aclare toda esta situación y se faciliten los trámites “porque ya tenemos ejemplos de burocratización como el que hemos sufrido estos últimos años con la quema de la paja del arroz como para que ahora se extienda el problema al resto de los sectores. Las Administraciones deberían estar al lado de las personas agricultoras y ganaderas para facilitarles el trabajo, no para complicarlo”.       

LA UNIÓ reitera que los restos de poda agrícola son un subproducto de material vegetal que se gestiona (quema o tritura) en la misma explotación y nunca pueden ser considerados como un residuo que sí queda sujeto obligatoriamente a su tratamiento posterior en una planta de gestión de residuos.

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