Unió de Pagesos estima esta campaña de la vendimia una producción de uva para vinificar similar a la de la campaña pasada, de cerca de 450.000 toneladas en Cataluña, con lo que se pueden llegar a producir 3,3 millones de hectolitros de vino, volumen también similar al del año pasado.
Las variedades que ya se han empezado a cosechar, como la uva Chardonnay y Pinot Noir, muestran una graduación normal y un ácido glucónico (parámetro que indica el grado de sanidad de la uva a la podredumbre gris) prácticamente inexistente. Estos datos indican que la materia prima para hacer vino estará en unas condiciones óptimas, pero no será hasta la próxima semana que comenzará la vendimia generalizada, primero con las variedades de uva macabeo y xarel·lo, y posteriormente, el parellada.
Aunque las altas temperaturas de julio y principios de agosto hacían prever que la cosecha se adelantaría, el cambio de temperatura que se ha producido a partir de mediados de la segunda semana de agosto está retrasando la maduración de la uva, y la vendimia tendrá lugar en fechas similares a las del año pasado.
Sin embargo, este año habrá un cambio importante, tal y como Unió de Pagesos ya avanzó en la jornada del pasado 20 de diciembre de 2014, en el marco de la feria del Gallo de Vilafranca del Penedès. A partir de esta campaña tiene que haber un contrato firmado entre el viticultor y la bodega, vendedor y comprador, antes de la entrega de la uva, que incluirá, entre otras condiciones, que la bodega pagará la producción, como muy tarde, 30 días después de la entrega.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del ministerio de Agricultura, es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los contratos y plazos de pago de la uva. Los incumplimientos pueden ser sancionados con multas a partir de 3.000 euros.
Asimismo, Unió de Pagesos hará un seguimiento del cumplimiento de estos contratos y pondrá a disposición de los viticultores las herramientas para denunciar todos aquellos incumplimientos que se detecten, a fin de garantizar el anonimato de los afectados y para que desde el agroindustria se respeten las condiciones pactadas.
