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  • Se trata de una actuación completamente abusiva y contraria a derecho

LA UNIÓ Llauradora apoya judicialmente en estos momentos a varias personas afiliadas contra la empresa Exportaciones Ciscar de Piles por incumplimiento de contratos de compraventa de cítricos y actuaciones contrarias a la buena fe.

La firma comercial recolectó de una de las personas afectadas un total de 139.572 kilos, pero después de forma unilateral e injustificada solo consideraron en la liquidación que eran aptos para comercializar 128.855 kilos.

Igualmente, y en contra de lo convenido, rebajaron el precio a 0,14 €/kg más el IVA cuando lo estipulado en el contrato era 0,23 €/kg más IVA.

Finalmente, por si no fuera poco todo lo anterior se les aplicó un descuento del 3% en la liquidación por un importe de 544 euros por “mermas”, una rebaja que ni viene recogida en el contrato, ni tampoco se ha justificado, lo que supone a juicio de la organización una actuación abusiva y contraria a derecho.

Con todas las artimañas y descuentos empleados por la empresa comercializadora de La Safor este agricultor afectado únicamente habría percibido 17.251,43 euros de los 32.607,48 euros que le corresponderían acorde a su contrato. 

Para solucionar de forma amistosa esta situación, LA UNIÓ aconseja a sus asociados que   requieran a la empresa para que haga frente a los compromisos de pago adquiridos en el contrato y en el caso de no hacerlos efectivos ejercitar las acciones judiciales en defensa de las personas citricultoras afectadas. Para la realización de los requerimientos y, en su caso, la presentación de las demandas, ofrecen los servicios de INTEGRAL LEGAL MANAGEMENT, S.L.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “este es un ejemplo claro de cómo algunas empresas juegan con el sustento de muchas familias, abusando de los agricultores, cuando les hacen firmar unos contratos que luego no cumplen. No puede haber más incumplimientos y abusos en este caso y, por ello, como organización agraria que está al lado de los agricultores valencianos, no podemos más que denunciar y recomendar el ejercicio de acciones judiciales, si fuera necesario, para poner fin a estos atropellos”.

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