El Gobierno de La Rioja, encabezado por Gonzalo Capellán, ha remitido al Parlamento regional una Ley de incentivos fiscales autonómicos destinada a fomentar la actividad económica en el medio rural. Esta ambiciosa normativa supondrá un ahorro fiscal de 4.817.000 euros para 1.764 agricultores y ganaderos y refuerza el compromiso incondicional del Ejecutivo riojano con el sector primario, una de las piedras angulares de la identidad y la economía de la comunidad.
Con esta iniciativa, el Gobierno regional responde de forma directa a las demandas históricas del mundo rural, ofreciendo medidas concretas y de impacto inmediato para el fortalecimiento y el relevo generacional en el campo riojano.
Nuevas deducciones en el IRPF para jóvenes agricultores profesionales
Uno de los pilares de esta ley es la nueva deducción en el tramo autonómico del IRPF para los nuevos agricultores profesionales que inicien una explotación agraria en cualquier municipio de La Rioja, siempre que este cuente con menos de 30.000 habitantes. Los beneficiarios podrán acceder a una deducción de 1.000 euros en su declaración de la renta el año de alta y durante los dos ejercicios siguientes.
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Ahorro fiscal estimado: 450.000 euros anuales.
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Número de beneficiarios potenciales cada año: 450 agricultores o ganaderos.
Esta medida busca no solo incentivar el emprendimiento rural, sino también retener población joven en el territorio y generar tejido productivo sostenible.
Reducción del 99% en la transmisión de fincas rústicas
La nueva legislación también promueve la transmisión del patrimonio agrario familiar, introduciendo una reducción del 99% del valor de las fincas rústicas adquiridas de manera lucrativa, ya sea por herencia (mortis causa) o donación (inter vivos). Hasta ahora, esta reducción solo se aplicaba a las explotaciones agrarias como tal, pero la reforma amplía significativamente su alcance.
Además, se amplían los grupos de parentesco beneficiarios hasta el cuarto grado por afinidad, una novedad que permitirá incluir a familiares políticos como:
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Primos políticos.
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Tíos abuelos políticos.
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Sobrinos nietos políticos.
Este cambio normativo tendrá un coste fiscal de 1.800.000 euros y podría beneficiar a 414 nuevos contribuyentes, facilitando así la conservación de la propiedad agraria dentro de las familias y reduciendo los obstáculos fiscales en los procesos de transmisión.
Tipo súper reducido del 2% para compraventa de tierras entre profesionales agrarios
Otra medida destacada del proyecto legislativo es la imposición de un tipo impositivo súper reducido del 2% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados (TPO-AJD), para las compraventas de fincas rústicas entre personas que se dediquen profesionalmente a la agricultura. Actualmente, este impuesto se sitúa en el 7%, por lo que el cambio supone una rebaja de cinco puntos porcentuales.
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Número de operaciones estimadas: 3.600 anuales.
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Impacto económico previsto: 2.000.000 euros.
Asimismo, se eliminará el tipo impositivo en todos los arrendamientos agrícolas, con el objetivo de favorecer el mantenimiento de explotaciones activas y facilitar los procesos de relevo generacional.
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Número de arrendamientos afectados: 2.200 anuales.
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Ahorro estimado: 50.000 euros al año.
Apoyo a las organizaciones profesionales agrarias y al sector vitivinícola
Además de las medidas tributarias, la Ley contempla otras ayudas complementarias que consolidan el respaldo al sector primario riojano. Entre ellas:
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Deducción de 100 euros en el IRPF por las cuotas e inscripciones a organizaciones profesionales agrarias (OPAs).
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Ahorro total previsto: 517.000 euros.
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Número de beneficiarios estimado: 5.620 agricultores y ganaderos.
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Aumento de 150.000 euros en las subvenciones a estas organizaciones agrarias, lo que refuerza su capacidad de acción y representación ante las administraciones públicas.
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187.000 euros comprometidos mediante convenio para colaborar en la celebración del centenario de la Denominación de Origen Calificada Rioja, un hito histórico para el sector vitivinícola de la región.
Este paquete de medidas, tanto fiscales como financieras, refuerza la competitividad del medio rural riojano, permite consolidar estructuras productivas familiares y allana el camino para una nueva generación de agricultores y ganaderos.
Una medida alineada con la lucha contra la despoblación rural
La Ley se aplica en todos los municipios de menos de 30.000 habitantes, lo que la convierte también en una herramienta estratégica para luchar contra la despoblación, uno de los principales desafíos demográficos y económicos que enfrenta La Rioja.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 80% de los municipios riojanos tienen menos de 1.000 habitantes, y en muchos de ellos, la agricultura y la ganadería representan la actividad económica principal o única.
Estas medidas suponen, por tanto, una oportunidad no solo económica, sino estructural para el mantenimiento del tejido rural, ya que impulsan el arraigo, la sucesión generacional y la reactivación de la economía local.
Declaraciones institucionales: un compromiso cumplido
Desde el Ejecutivo autonómico se ha querido destacar el carácter estructural y a largo plazo de la nueva normativa. En palabras del propio presidente Gonzalo Capellán, la ley es “una respuesta sólida y comprometida con quienes mantienen vivo el campo, nuestras tradiciones, y nuestra forma de vida en La Rioja”.
Este anuncio no solo se traduce en cifras económicas, sino en una visión de región que prioriza al medio rural como activo estratégico para el desarrollo sostenible de la comunidad autónoma.
Próximos pasos: debate y aprobación parlamentaria
El texto legal ha sido ya remitido al Parlamento de La Rioja, donde será debatido en los próximos días. Desde el Gobierno se confía en que la medida obtenga el respaldo mayoritario de la Cámara, dada su clara orientación a mejorar la calidad de vida y competitividad del mundo rural riojano.
Una vez aprobada, las medidas tendrán efectos inmediatos y se incorporarán a las campañas fiscales vigentes, lo que permitirá que los primeros beneficiarios puedan acogerse ya este mismo año a los nuevos beneficios.
Conclusión: una apuesta decidida por el campo riojano
La nueva Ley de incentivos fiscales autonómicos para el sector agrario representa uno de los compromisos más firmes del Gobierno de La Rioja con el sector primario. A través de medidas fiscales concretas, ampliación de beneficios hereditarios, reducción impositiva y ayudas complementarias, se configura un entorno favorable para la inversión, el relevo generacional y el mantenimiento de explotaciones familiares.
En total, más de 1.700 profesionales se beneficiarán directamente de esta legislación, que implica una inyección estimada de 4,8 millones de euros anuales a la economía rural, posicionando a La Rioja como referente nacional en apoyo fiscal al campo.
