José Ignacio Falces Yoldi - Agronews CyL

El Consejero de Agricultura, Ganadería de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha participado hoy, 21 de junio, en sendas reuniones en las que la Política Agraria Comunitaria ha sido la gran protagonista, por la mañana, en el Consejo Consultivo convocado por el Ministerio de Agricultura, y, por la tarde, en el encuentro mantenido con las organizaciones profesionales agrarias de la región para analizar la situación en la que se encuentran las negociaciones.

Carnero ha destacado que el Consultivo con el MAPA había servido como preparatorio para el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará los días 28 y 29 de junio, último Consejo de la presidencia portuguesa “y en el que se debería cerrar las negociaciones, por lo menos para aportar certidumbre a un sector que lleva hablando de este tema desde 2017”

El máximo responsable de la Agricultura de Castilla y León quiso destacar que “comparte la idea de que la nueva PAC debe dar pasos adelante en lo que a la sostenibilidad medio ambiental se refiere pero que no puede olvidar ni la económica, que define la rentabilidad de las explotaciones, ni la social, sirviendo para que la gente se mantenga viviendo en el medio rural”

“Las mayores divergencias en la negociación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de Europa están en la arquitectura verde de la nueva PAC” subrayo Carnero, “especialmente en tres temas la condicionalidad reforzada, los ecoesquemas y las ayudas agroambientales”

En el primero de estos apartados, la condicionalidad reforzada, la rotación de cultivos está siendo el asunto más espinoso, proponiendo desde Castilla y León que se siga el modelo francés en el sentido de que la exigencia de esa rotación se cambie por la diversificación de cultivos de tal forma que no sean los cambios en cada parcela sino en el conjunto de la explotación, evitando, de esta manera, incrementar la ya abundante cara administrativa que soporta el agricultor al tramitar estas ayudas.

El otro gran caballo de batalla son los ecoesquemas, para los que desde la Junta de Castilla y León se pide progresividad en la aplicación de tal forma que el agricultor y el ganadero tenga un tiempo para adaptarse a estas exigencias. Además, se demanda que el porcentaje que estas ayudas supongan de los pagos directos no supere el 20%, aunque parece que ya existe un acuerdo en Bruselas de que sea el 25%, pero Carnero ha reiterado que es “clave que se flexibilice su aplicación y que revierta la financiación no utilizada al pago básico”

Finalmente, por lo que se refiere a las ayudas agroambientales, es en este apartado donde las posiciones de las tres partes, Parlamento, Consejo y Comisión, parece que están más cercanas “puesto que se debate que estas medidas contribuyan entre un 35 o un 37% del gasto del segundo pilar. Para Castilla y León no es tanto que sea uno u otro, es más importante que computen para alcanzar ese porcentaje medidas como las ayudas a las zonas con limitaciones naturales, y a ser posible al 100%, las propuestas están ahora entre el 60 y el 40%”. En relación, a estas ayudas del segundo pilar se mantendría en ellas a la agricultura ecológica.

Sobre la convergencia, Carnero ha recordado que desde la Junta de Castilla y León se ha reclamado que la aplicación de esta medida se haga de una forma progresiva. La propuesta de la Comisión es que en 2026 todos los agricultores perciban como mínimo el 75% del pago básico medio de su región productiva, el Parlamento Europeo pretende el 100%, mientras que el Consejo ha planteado una cifra del intermedia del 85%, propuesta que le parece adecuada al Gobierno autonómico  pero nunca antes de 2026 o el 2027.

Crecen las dudas sobre el pago redistributivo que pretende retornar a las explotaciones más pequeñas las cuantías que se hayan recuperado del conjunto del pago básico, pidiendo desde Castilla y León se aplique el porcentaje que marque Europa pero que no se sea más ambicioso.

Por lo que se refiere a la condicionalidad social Carnero ha señalado que “si se quiere utilizar la PAC como un instrumento sancionador en materia laboral, vamos por mal camino”.

En cuanto a las ayudas asociadas, el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León ha reclamado que se mantengan, al menos como están ampliando hasta el 15% el porcentaje dedicado a las mismas incluyendo la puesta en marcha de un Plan Específico para el ovino – caprino y que no se olvide del toro de lidia.

“Van a estar más tiempo negociando la nueva PAC que aplicándola”

Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León, se ha mostrado especialmente critico con la tardanza en unas negociaciones que van a provocar que se tarde más en dotar a agricultores y ganaderos de una nueva PAC que del periodo que va a tener de vigencia, “lamentando que España este todavía sin un documento sobre la nueva Política Agraria Común, postura de la que sólo sabemos lo que Planas ha ido diciendo en cada comunidad autónoma para adaptarse a la realidad de cada una. Castilla y León no puede permitirse perder ni un solo euro de la PAC y esas cuantías deben darse a los profesionales”.

Por su parte, Aurelio González, de la Alianza UPA – COAG, ha lamentado que todavía no se haya definido qué tipo de explotación es la que quiere tener el campo español, “nosotros lo tenemos claro, la explotación familiar” y ha lamentado que la arquitectura verde de la PAC no se haya adaptado a lo mucho que ya se está haciendo en este sentido.

Finalmente, Jesús Manuel González Palacín, coordinador general de UCCL, ha calificado de  “oportunidad perdida” esta reforma de la PAC ya que se podría haber ajustado el número de perceptores de la PAC al número de cotizantes de la Seguridad Social Agraria como ya pasa en países como Alemania o Francia “y no lo vamos a hacer, incluso el Ministro Planas va a colar a 400.000 perceptores que cobran menos de 5.000 euros de la PAC como agricultores genuinos”

MERCADOS

Otro de los grandes temas que se ha debatido en estos dos encuentros es la situación por la que están pasando buena parte de los sector lácteos y el vacuno de carne  sufriendo, por un lado, el alza de los piensos y, por otro, la bajada de los precios lo que hace que muchos de ellos estén percibiendo cuantías que se sitúan por debajo de los costes de producción. En este sentido, el conjunto de las OPAs han reclamado la aplicación real de la Ley de la Cadena, fijando, de una ver por todas, costes de producción con comunidades autónomas.

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