Matar al campo. Robar al consumidor. Así resume COAG Salamanca el impacto que, a su juicio, tendrá la nueva propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. En una dura nota de prensa emitida el 28 de julio de 2025, la organización agraria denuncia que el nuevo planteamiento de la Unión Europea supondrá una reducción de entre un 25 y un 30 % en las ayudas directas a los Agricultores a Título Principal (ATP), con especial incidencia en las explotaciones familiares que perciban entre 20.000 y 50.000 euros.
El documento, tajante en su mensaje, alerta de que los objetivos de la Comisión Europea no son otros que reducir la producción agrícola y ganadera profesional en Europa para facilitar las importaciones procedentes de terceros países. En palabras de la organización: “se trata de crear el hueco necesario para esos ‘magníficos productos’ traídos de países donde se utilizan productos químicos prohibidos desde hace décadas en Europa”.
Un modelo de degresividad que castiga a las explotaciones medias
La degresividad obligatoria, incluida en el nuevo diseño de pagos, penalizará progresivamente a quienes superen determinados umbrales de ayudas, empezando por las explotaciones que perciben entre 20.000 y 50.000 euros. Este cambio, según COAG Salamanca, afectará de lleno a los agricultores profesionales que sostienen el tejido productivo rural y que cumplen con los más altos estándares de sostenibilidad, bienestar animal, rotación de cultivos, regeneración de suelos y digitalización.
El texto lamenta que estos nuevos requisitos se suman a los ya exigentes compromisos de los agricultores, a la vez que se permite la entrada masiva de productos agroalimentarios procedentes de países con normativas mucho menos estrictas, lo cual pone en jaque tanto la salud pública como la viabilidad económica del sector primario europeo.
Competencia entre Comunidades Autónomas por los fondos
La nota subraya un aspecto especialmente preocupante para el caso de España: serán las 17 Comunidades Autónomas quienes definan los criterios para recibir los pagos específicos, generando una situación de competencia desigual entre territorios. Esto, aseguran desde COAG Salamanca, provocará una fragmentación injusta del acceso a las ayudas, creando luchas internas por unos fondos que, en última instancia, resultarán insuficientes.
“Cada comunidad tendrá que pelear con las otras 16 por su parte del pastel”, señala el comunicado, denunciando que el verdadero objetivo es forzar una contracción del sector agrícola y ganadero local para favorecer tratados de libre comercio con zonas como MERCOSUR, Marruecos y otros mercados extracomunitarios.
Riesgos para la salud pública y la soberanía alimentaria
COAG Salamanca no se detiene en el análisis económico, sino que va más allá para advertir de los riesgos sanitarios y sociales que conllevaría esta reforma. Denuncian que los productos importados a bajo precio, sin controles adecuados, no cumplen con los estándares de calidad y seguridad alimentaria exigidos a los productores locales. Esto, afirman, “robará al consumidor su soberanía alimentaria, su comida de calidad y su dinero”.
El aumento de la dependencia de alimentos importados, sumado a la especulación por parte de las grandes distribuidoras, generará —según COAG— un encarecimiento de la cesta básica, pérdida de valor añadido en el medio rural y mayor vulnerabilidad alimentaria para la población europea.
Llamamiento a la movilización a partir de septiembre
Ante este panorama, la organización agraria anuncia su decisión de iniciar contactos en septiembre con el resto de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas del sector, así como con asociaciones de vecinos y consumidores, con el fin de informar y movilizar a la ciudadanía. El objetivo es detener una reforma que, a juicio de COAG Salamanca, supone un ataque directo a la agricultura familiar y al modo de vida rural.
El comunicado finaliza con una advertencia directa: “Cualquier político español con representación en Europa que apoye esta reforma estará contribuyendo a matar el campo español y a robar a todos los consumidores”.
