Si el pasado 29 de abril era el municipio de Quintanar del Rey el que celebraba la anulación del permiso concedido para la construcción de una macrogranja porcina ya en obras, ahora es el municipio de Almendros donde se logra una nueva victoria contra la ganadería industrial. La sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Cuenca (sentencia 00086/2022) confirma que la instalación porcina construida en 2019 se encuentra funcionando sin los permisos necesarios.
En 2020 la asociación Pueblos Vivos Cuenca denunció la puesta en marcha de una explotación de porcino en la localidad de Almendros sin contar con la correspondiente licencia municipal de actividad, ni con la concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y se puso en conocimiento del Ayuntamiento de Almendros y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).
Además, Ecologistas en Acción, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) solicitaron al Ayuntamiento la revisión del expediente completo. De esta forma se abrió una investigación en la Sección de Ganadería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para aclarar cómo esta explotación había obtenido el alta en el Registro Ganadero (REGA) sin concesión de agua ni licencia de actividad, requisitos imprescindibles.
Se da la circunstancia de que el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almendros concedió la licencia de obras de esta explotación sobre unos terrenos previamente propiedad del entonces alcalde, Acisclo Jiménez. Además, tal y como se exponía en el proyecto, el suministro de agua de la instalación porcina procede de un pozo de abastecimiento propiedad del Ayuntamiento y la electricidad llega desde un tendido eléctrico propiedad también del consistorio de Almendros.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) señaló en 2020 que la explotación no dispone de concesión de aguas. Además, inició expedientes sancionadores por la apertura de un sondeo en la parcela de la explotación, localizada en la masa de agua Lillo-Quintanar-Sierra de Altomira, que se encuentra declarada en riesgo de sobreexplotación.
Por su parte, el Ayuntamiento de Almendros confirma que la explotación no dispone de licencia municipal de actividad. La actual alcaldesa de Almendros, Helena Fernández Castro del partido independiente PIDA, ha asegurado que “hay que hacer las cosas bien desde el principio” y que, siguiendo el criterio de los funcionarios del Ayuntamiento, consideró “prevaricación por su parte autorizar una licencia de actividad de una obra ejecutada y cuyo fin no se correspondía con la licencia de obras obtenida”.
Según la información contenida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones la empresa promotora de esta explotación porcina, Agropardal de Almendros S.L. obtuvo en 2018 una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 155.031 euros. Esta subvención procedió de la línea de ayudas Adelante Inversión de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
La asociación local ADERA ha anunciado que se dirigirá a la Consejería de Economía con el fin de conocer los protocolos que se siguieron para validar las subvenciones concedidas en esta explotación.
Además de esta explotación porcina, el anterior equipo municipal de Almendros también dio vía libre a una macrogranja con capacidad para 2.685 cerdas reproductoras y más de 74.000 lechones promovida por ICPOR, del grupo Incarlopsa, y por la sociedad Ideas de Gestión Porcina S.L.. Esta exploración cuenta con los mismos administradores que la sociedad promotora de la instalación porcina de Almendros que funciona clandestinamente, según la reciente sentencia.
Este proyecto de madres reproductoras se encuentra actualmente recurrido y pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Esta explotación está proyectada también en terrenos anteriormente propiedad del antiguo alcalde de Almendros.
El caso de Almendros no es aislado, ya que se han registrado numerosas irregularidades por parte de la Administración en la concesión de las autorizaciones a las macrogranjas en los últimos años, como han demostrado los tribunales en proyectos ubicados en Huerta de la Obispalía o en Cañete o el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el caso de la macrogranja que se construía a 350 metros del pozo que abastece a Quintanar del Rey.
“Sabemos que muchas explotaciones ganaderas se ponen en marcha sin contar con todos los permisos pertinentes, por lo que exigimos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ejerza un control efectivo para evitar casos de instalaciones clandestinas como la de Almendros. Vamos a estar vigilantes y a hacer seguimiento de cada proyecto”, advierte Remedios Bobillo, presidenta de las Asociación Pueblos Vivos Cuenca.
La oposición al modelo de macrogranja ha ido en aumento. Más de 25 ayuntamientos de la provincia de Cuenca han aprobado ya ordenanzas que regulan y limitan el vertido de purines ante el riesgo que suponen de contaminación de las aguas subterráneas por nitratos. Además, cinco ayuntamientos han aprobado una suspensión en la concesión de licencias para nuevas macrogranjas mientras preparan modificaciones en su plan urbanístico que limiten la instalación de este tipo de explotaciones de ganadería industrial.
Esta preocupación creciente por el estado de las aguas se basa en evidencias cada vez más alarmantes. Por ejemplo, el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), del Ministerio de Sanidad, registró en 2020 nueve municipios de la provincia de Cuenca cuya agua de grifo superó los 50 mg/l de nitratos a partir del cual se considera no potable. Por otro lado, la semana pasada se hacía público que el 63% de las aguas subterráneas analizadas en Castilla-La Mancha por la Red Ciudadana de Vigilancia están contaminadas por nitratos.
