El Gobierno que dirige Juan Vicente Herrera ha aprobado hoy, 6 de la prórroga del contrato del seguro de responsabilidad de la Administración de Castilla y León por los daños y perjuicios causados por el lobo ibérico al sur del Duero, el oso pardo en toda su área de distribución y la avutarda en la Reserva Natural de Villafáfila, así como por las especies cinegéticas en Reservas y Cotos Regionales de caza, en zonas de caza controladas y refugios de fauna y terrenos vedados propiedad de la Junta de Castilla y León.
La póliza se prorroga por doce meses, a partir del mes de junio, por un importe de 759.172 euros. La indemnización máxima será de 1.500 euros por siniestro.
El objeto del seguro de responsabilidad civil de la Administración de Castilla y León, cuya prórroga ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno, es atender las indemnizaciones derivadas de cualquier responsabilidad atribuida a la Junta de Castilla y León para cubrir los daños materiales y perjuicios ocasionados a terceros, así como los costes y gastos judiciales y extrajudiciales ocasionados por el lobo y otras especies cinegéticas y no cinegéticas, con un máximo de 1.500 euros por siniestro.
La póliza cubre los daños ocasionados por especies cinegéticas en Reservas Regionales de Caza, Cotos Regionales de Caza, Zonas de Caza controlada, Refugios de Fauna declarados así por Decreto de la Junta de Castilla y León y terrenos vedados propiedad de la Junta de Castilla y León, así como por fauna silvestre no cinegética, concretamente por el lobo ibérico al sur del río Duero, oso pardo en toda su área de distribución regional y avutarda en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila.
El protocolo de funcionamiento ante un siniestro establece que ante una reclamación debe intervenir un agente medioambiental o forestal o un celador de Medio Ambiente para hacer la evaluación y realizar un parte; una vez recibido, un técnico de la consejería elabora un informe que, en caso de estimar la reclamación, evalúa el daño o perjuicio en función de los baremos oficiales y lo comunica a la compañía aseguradora. Esta indemniza a los perjudicados con el importe recogido en el informe técnico de la consejería en el plazo máximo de 15 días desde la recepción de la documentación
