El vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha presidido hoy, 25 de abril, la reunión del Consejo de Cooperación Local donde se ha tenido conocimiento del Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de concentración parcelaria.
Este Reglamento se dicta en desarrollo de la Ley agraria de Castilla y León que dedica uno de sus títulos exclusivamente a establecer el régimen de concentración parcelaria. En esa ley se diseñó un procedimiento más simple y ágil, incorporando su tramitación electrónica, y presidido por los principios de claridad y proximidad con las personas, de transparencia en el procedimiento, de participación activa de los interesados, así como por los de eficiencia, colaboración y coordinación de la Administración Autonómica con las entidades locales afectadas.
En este documento se recogen dos modalidades de promoción de la concentración parcelaria, pública y privada, destacando como causas para la iniciación de estos procedimientos la implantación de nuevos regadíos o la modernización de los existentes, la conservación de determinados ecosistemas o el fomento del cooperativismo en la gestión de la propiedad.
Como novedad, también incorpora que en el momento procedimental de la toma de posesión de las fincas de remplazo y de la definición de la masa común de tierras se amplía del 5 % al 15 % del número total de personas propietarias el número de recursos administrativos presentados contra el acuerdo de reordenación parcelaria para suspender la toma de posesión de las fincas de remplazo.
Otra manifestación de la simplicidad es el procedimiento abreviado de concentración parcelaria. El Consejo ha informado de que en ambas tramitaciones también se especifica que el portal de Gobierno Abierto será uno de los cauces utilizados por la ciudadanía para su conocimiento y participación.
El objetivo del sector público con estas medidas es encontrar la implicación del sector agrario con el fin de lograr la mayor productividad y competitividad de las explotaciones agrarias y que se traduzca en fijación de la población y creación de empleo en el medio rural.
