Así lo ha asegurado hoy, 25 de mayo, la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, en la rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, una vez que se ha conocido la suspensión cautelar, por parte del Tribunal Supremo, de la decisión del Consejo de Ministros de que fuesen las comunidades autónomas las que abonasen la multa aplicada desde Bruselas por una mala aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos en la campañas PAC 2008 y 2009.
«La sanción cautelar hace que no tengamos que hacer frente al pago de los 58 millones de euros esta campaña, y esperamos que la sentencia definitiva, que se conocerá dentro de un año, afirmaba Marcos, nos de la razón. Es evidente que si 10 comunidades autónomas no lo hemos hecho según lo que pide la Unión Europea, alguien, en este caso el Ministerio de Agricultura, no ha explicado muy bien la normativa al respecto»
Alivio del sector
La Alianza UPA-COAG ha recibido con alivio la suspensión cautelar que se ha conocido en las últimas horas y que ha adoptado el Tribunal Supremo sobre la multa impuesta a Castilla y León en relación a las ayudas a explotaciones ganaderas por el coeficiente de pastos.
Esta organización agraria desea aclarar que en ningún caso la multa de 58 millones de euros, de haberse hecho efectiva, debería repercutirse sobre los ganaderos a título individual, sino a la Administración regional.
La Alianza UPA-COAG recuerda que dado que el auto de suspensión es cautelar, y por lo tanto no es definitivo, la Junta de Castilla y León debería consignar una provisión de gastos en los presupuestos regionales del año 2017, que aún no están aprobados, para que en el caso de que este auto se recurra por parte del Estado no tengan que ser los ganaderos a título particular quienes paguen dicha sanción, ni que la Administración regional detraiga fondos agrarios que corresponden a los profesionales del sector para asumir la mencionada multa.
