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La Junta de Castilla y León  responde a la solicitud de la Asociación Hacendera de convocar una reunión con altos cargos de su Delegación Territorial en Soria. En dicha reunión con Yolanda de Gregorio, delegada territorial, Rafael Medina, secretario territorial y  José Manuel Ruiz, jefe del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, han asegurado que el Gobierno Autonómico se “alinea” totalmente con el propósito del desarrollo saludable del territorio, plateado por la agrupación, cuidando el patrimonio natural y cultural y la salud de las personas en Soria, con valores como el entusiasmo, el rigor, el compromiso y la cooperación que definen la identidad de nuestra asociación.

En este sentido, desde “Hacendera” se manifiesta una gran preocupación por el impacto negativo de la proliferación de instalaciones de ganadería industrial sobre el territorio y, especialmente, ante el proyecto de la macro explotación-vaquería de Noviercas que, con sus 23. 520 vacas lecheras, estaría 30 veces por encima de las directrices del nuevo Real Decreto para la regulación estatal del ganado bovino, actualmente en periodo de información pública, que limita su número a 750. Además, reiteran la petición a la Junta de Castilla y León de instaurar una moratoria que paralice este tipo de proyectos y de que, en uso de sus competencias, establezca una normativa igual o más exigente que la propuesta en el decreto estatal al que antes nos referimos. “Estamos convencidos de que, al igual que se ha hecho en Navarra y en Cataluña, es posible hacerlo, únicamente se requiere voluntad política. Así mismo, nos satisface escuchar de viva voz que el reciente y nuevo informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) al proyecto de la macrovaquería de Valle de Odieta es vinculante y preceptivo para la JCYL”, aseguran en un comunicado de prensa desde la Asociación.

En contraposición a este proceder, desde la Asociación Hacendera manifiestan que consideran totalmente improcedente e inadmisible, rozando la ilegalidad, el hecho de que el presidente de una Administración pública, como es la Diputación Provincial de Soria, contradiga y ponga en entredicho el dictamen de otra Administración pública en pleno ejercicio de sus competencias como es, en este caso, la CHD. Hay que recordar que, no en vano, dicho organismo es respaldado en sus decisiones por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

 

Así mismo los responsables de la Junta de Castilla y León informan de que, dada la complejidad y la magnitud de este proyecto, en su evaluación participan Servicios Territoriales adscritos a casi todas las Consejerías, tanto desde el punto de vista técnico como del jurídico: Empleo e Industria, Minas, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad… y los órganos competentes, en cada momento, para realizar una actuación del máximo rigor en aplicación de la legislación vigente. Y que, para ser “especialmente garantistas” con el medio ambiente, el proyecto requiere Evaluaciones Ambientales Ordinarias, mucho más exigentes que las simplificadas, de todas y cada una de las partes que lo componen. En este contexto, subrayan, desde Hacendera, que ya son muchos los informes negativos que el proyecto de Valle de Odieta acumula y, no sólo de la CHD, sino también de la JCYL, el último de los cuales dado por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo al no admitir a trámite la solicitud de inicio de Evaluación de Impacto Ambiental al sondeo estratigráfico que la empresa solicitó en su día. Este se suma, entre otros, a los informes negativos emitidos por la CHD a la propuesta de modificación de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Noviercas y al sondeo de investigación de las aguas subterráneas, y al de la JCYL que pasa de simplificada a ordinaria la tramitación de la Evaluación Ambiental para la modificación de una de dichas normas urbanísticas. Tampoco hay que  olvidar, destacan desde la agrupación, la importancia de que el Servicio Territorial de Medio Ambiente, haya alertado de posibles problemas ambientales significativos que podrían afectar a espacios protegidos y especies en peligro de extinción.

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