La Guardia Civil de Valladolid investiga a 49 agricultores por delitos relativos a la propiedad industrial de semillas certificadas de cereal

Agronews Castilla y León

8 de julio de 2023

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La Guardia Civil de Valladolid en el marco de la denominada “Operación ACESE” ha procedido a la investigación de 49 personas por delitos relativos a la propiedad industrial en el ámbito agrario

Los hechos comenzaron en junio de 2021, a raíz de una denuncia recibida, en la que en una empresa dedicada al servicio de acondicionamiento (limpieza y selección) de grano, ubicada en la comarca de Peñafiel (Valladolid), existían deficiencias graves en la cumplimentación de la documentación de trazabilidad del grano propiedad de algunos agricultores, así como la entrada de vehículos agrícolas vacíos y que posteriormente salían cargados con grano o semilla a granel, sospechando que podría tratarse de venta de material de reproducción o multiplicación de variedades vegetales protegidas por la legislación nacional o de la Unión Europea (semillas certificadas).

La Guardia Civil, tras conocer los hechos, llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la mercantil investigada, así como la documentación6 relativa a las actividades de dicha empresa. Tras el estudio de la documentación aportada, se efectuó la recogida de muestras de espigas de trigo y cebada en distintas parcelas de las provincias de Valladolid, Palencia, Segovia y Burgos, que una vez documentadas se remitieron al Centro Nacional del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, para realizar los ensayos de campo. Estos ensayos consistieron en la siembra controlada de las muestras de espigas de las semillas tomadas para poder certificar la variedad vegetal a la que correspondían, tras esperar un ciclo biológico ( 1 año).

Los resultados de los ensayos de campo determinaron que la mayoría de las muestras correspondían a variedades certificadas y protegidas de cebada y de trigo, todas ellas protegidas en el ámbito territorial de la Unión Europea en la normativa relativa a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Igualmente, los ensayos detectaron el empleo fraudulento de la variedad vegetal protegida de cebada “CIB 333”.

Con el resultado de los análisis se acredita, que las variedades declaradas en los acondicionamientos (limpieza y selección de semillas) eran distintas a las que realmente fueron empleadas por los agricultores investigados, como quedó patente con los informes del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Las semillas utilizadas fraudulentamente poseen derechos de los obtentores mediante el pago de un canon anual, o royalties que intentaban eludir con estas prácticas.

Ciertos agricultores no justificaban la compra legal de semillas certificadas, sospechándose que pudiera existir un mercado ilegal, ofertando las variedades más modernas, resistentes y costosas del mercado, a un precio más bajo del que pudiera corresponder. A pesar de que los agricultores eran conocedores de la semilla certificada, declaraban el empleo de una variedad distinta en la (P.A.C.) Ayudas de la Política Agraria Común.

El reempleo de la simiente propiedad del agricultor para su autoconsumo es una actividad legal para determinadas variedades agrícolas, debiendo ser realizada por empresas autorizadas. Los agricultores y las empresas deben garantizar la trazabilidad de la semilla acondicionada (limpia y seleccionada), asegurando que ésta se corresponde con la entregada previamente por el agricultor, siendo competencia de las comunidades autónomas el control administrativo y técnico del proceso. Los agricultores que se acojan al acondicionamiento de grano, deben primero comunicarlo al propietario de la patente y abonar un derecho cada vez que multipliquen la semilla, siempre que se trate de variedades certificadas protegidas. Se exceptúa a los pequeños agricultores. Además, no pueden entregar a terceros su semilla acondicionada, ni, aunque se trate de variedades libres, pues esta actividad se consideraría comercio y todo grano que se comercialice debe ser certificado.

Las actividades descritas se encuentran penadas como delitos de los relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores, pudiendo llevar aparejada una pena de uno a tres años de prisión.

Por tales hechos, se instruyen Diligencias Policiales, siendo éstas remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid y copia de las mismas a la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Valladolid.



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