La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), ha desarrollado en Molina de Segura y Calasparra la operación ‘GOMORRI’, una investigación dirigida a esclarecer la multiplicación con fines agrarios y comerciales de material vegetal cuyo aprovechamiento está sujeto a la autorización del obtentor de las mismas, que ha culminado con la investigación de tres personas, a las que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito relativo a la propiedad industrial.
Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita iniciaron la operación para investigar la posible posesión y reproducción sin la preceptiva autorización de variedades vegetales bajo protección.
Las inspecciones llevadas a cabo por los agentes permitieron constatar la manipulación de variedades vegetales protegidas sin los correspondientes permisos en Molina de Segura y Calasparra.
Con el fin de determinar de forma taxativa el origen del material vegetal investigado, fue necesaria la correspondiente toma de muestras sobre el terreno y su posterior remisión a un laboratorio de referencia para su cotejo con los patrones de las variedades registradas.
El análisis efectuado constató de manera fehaciente que el material vegetal utilizado se encontraba bajo la protección del derecho de propiedad industrial.
Más de 2.500 plantas sin autorización
Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, durante los últimos días se ha investigados a dos personas en Molina de Segura, por la utilización de la variedad vegetal Orri –variedad de mandarina– en una explotación con 2.200 plantas, y a otra persona en Calasparra como presunto responsable de la multiplicación de 400 plantas de albaricoquero de la variedad denominada Flopría –variedad protegida por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales–. A los tres se le han instruido diligencias como presuntos autores de delito relativo a la propiedad industrial.
Este tipo de actuaciones tienen su origen principalmente en las denuncias interpuestas por las empresas que desarrollan nuevas variedades vegetales.
Durante el desarrollo de la operación, la Guardia Civil ha contado con la fluida colaboración de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la CARM.
El delito contra la propiedad industrial se encuentra tipificado en el vigente Código Penal y lo define como el que, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación nacional o de la Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales será castigado con penas de uno a tres años de prisión.
