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La Comisión Europea ha publicado una versión revisada de la Directiva sobre emisiones industriales que data de 2010. Si bien en la última década su ámbito de aplicación tan solo abarcaba las instalaciones ganaderas de mayor tamaño en la UE, con esta revisión se multiplicaría casi por diez el número de explotaciones de vacuno, porcino y aves de corral sujetas a la misma, incluyendo a explotaciones familiares que se equipararían ahora a «instalaciones de ganadería industrial». En su versión actual, esta revisión obligaría a millares de explotaciones familiares a cumplir con un protocolo de emisiones muy costoso y concebido esencialmente para grandes empresas. Tan solo unos días después de que se publicara la Comunicación sobre la autonomía estratégica alimentaria de la Unión Europea, este planteamiento contable, ideológico y desconectado de la realidad ganadera supone un duro golpe para los ganaderos europeos.

Durante el proceso de revisión de la Directiva sobre emisiones industriales, la Comisión Europea decidió ampliar el alcance de la propuesta también a las granjas de vacuno, y rebajar los umbrales referentes a los sectores porcino y avícola, sujetos a la normativa desde 2010. En concreto, la Comisión tiene la intención de incluir a las explotaciones ganaderas de porcino, aves de corral y vacuno que superen las 150 «unidades de ganado». Este argot contable enmascara una realidad muy sencilla: numerosas granjas familiares quedarán sujetas a esta directiva y se considerarán de facto «instalaciones de ganadería industrial» según la clasificación de la Comisión. La Comisión defiende que esto solo supondría el «13% de las explotaciones ganaderas más grandes de la UE». Sin duda, es una forma inteligente de plantearlo, aunque equívoca. He aquí otra forma de interpretar el nuevo umbral de «150 unidades de ganado»: en Alemania y Finlandia más del 90% de las granjas avícolas de engorde pasarían a considerarse «instalaciones de ganadería industrial», y exactamente lo mismo ocurriría en el caso de las explotaciones de porcino y de vacuno de carne y leche en Francia.

Este umbral arbitrario es cuanto menos impactante y refleja el abismo que separa la política de la realidad agrícola. Optar por semejante enfoque cuantitativo es la forma más simplista posible de abordar esta cuestión. Pese a la evaluación de impacto de la Comisión, este umbral obedece a una decisión política arbitraria, guiada por un planteamiento desequilibrado y sesgado en cuestiones de sostenibilidad. Suponiendo que la Comisión haya fijado deliberadamente unos umbrales tan bajos de cara a las negociaciones institucionales, nos preguntamos si es realmente consciente del funesto mensaje que está enviando a los miles de ganaderos que luchan a diario por mantener a flote sus explotaciones y mejorar sus prácticas.

En reacción a la publicación de la propuesta, la presidenta del Copa, Christiane Lambert declaró lo siguiente: «Pese a las diversas crisis que se están acumulando, los ganaderos están haciendo un gran esfuerzo por adaptar sus prácticas y combinar de la mejor manera posible la productividad con el respeto del medio ambiente. El mero hecho de que la Comisión Europea califique hoy en día a las explotaciones familiares de ‘instalaciones agroganaderas industriales’ es una muestra de la gran confusión que rodea a la realidad ganadera. Esta reducción drástica de los umbrales asestará un duro golpe al modelo europeo de agricultura y ganadería familiar, y creará costes y trabas suplementarios».

Desde la entrada en vigor de la Directiva sobre emisiones industriales en el año 2010, la experiencia ha demostrado que su aplicación conlleva una gran carga económica y administrativa. El ampliar el alcance de la directiva a la mayoría de las explotaciones ganaderas acarreará consecuencias insoportables para el sector, las zonas rurales y las familias de agricultores.

Por su parte, el presidente de la Cogeca, Ramón Armengol, se preguntaba lo siguiente: «¿Cómo van a lidiar las explotaciones ganaderas familiares con la avalancha de requisitos que la Comisión quiere exigir en el marco del Pacto Verde Europeo (y sin ninguna evaluación de impacto al respecto? ¿Cómo se aplicará todo esto si ninguno de nuestros socios comerciales contempla medidas tan draconianas y sabiendo que los agentes de la distribución en la UE seguramente se nieguen a repercutir esos costes? La respuesta de la Comisión a todos estos interrogantes en su propuesta de revisión parece bien sencilla: ‘no sabe/no contesta’.»

Al Copa y a la Cogeca también les preocupa la intención de la Comisión de ajustar el alcance de la directiva y los umbrales relativos a los sectores contemplados en ella mediante futuros actos delegados, lo que volvería la situación más incomprensible e imprevisible.

Por último, esta propuesta genera ciertas dudas respecto a la coherencia del enfoque que sigue la Comisión Europea en lo que a la ganadería se refiere. Si bien en el Plan de Acción «REPowerEU» se reconoce la labor clave de la ganadería para desarrollar un sector energético en la UE resiliente e independiente, esta propuesta acabará afectando tanto a las granjas existentes como a los futuros proyectos.