El aumento desproporcionado de especies de caza mayor como el jabalí o el corzo está motivando que los afectados por sus daños, bien en accidentes de tráfico bien en terrenos agrícolas, reclamen una acción urgente para poner freno a una situación que es consecuencia de varios motivos, pero son los cazadores los únicos que por el momento están dando soluciones al conflicto, además de mantener con su actividad al desarrollo económico de las zonas rurales, recuerdan desde la Federación de Caza de Castilla y León.
El abandono del campo, la cuestionada gestión de los montes, la falta de desbroces adecuados, las dificultades normativas y su aplicación por la Administración, y el peculiar tratamiento que a cualquier autorización sobre caza se suele dar por cada uno de los servicios territoriales de Medio Ambiente, son factores que tienen mucho que ver con la actual situación que presentan algunas especies de caza mayor.
Conscientes desde hace mucho tiempo de esta situación, “que ya advertimos, y que ahora otros sectores y responsables quieren corregir –señalan–, la FCCyL se ha dirigido a las diputaciones provinciales de la Comunidad ofreciendo su colaboración para gestionar correctamente las poblaciones desmesuradas de especies de caza y minimizar sus consecuencias indeseables.
La proliferación imparable del jabalí y el corzo acarrea, además de daños a la agricultura y ganadería, daños a las personas por los siniestros en las carreteras. En el último año en algunas provincias se han provocado una media de casi cuatro accidentes diarios por irrupción de especies silvestres en las vías de circulación. El incremento de conejos en algunas provincias obliga a la caza continua de la especie para remitir daños al cereal, más visibles en estas fechas.
Hace unos días y ante la alarma general del mundo rural, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha reunido a los sindicatos agrarios y ganaderos y a la Federación de Caza para estudiar este problema y buscar soluciones conjuntamente a las graves consecuencias que provoca el incremento de caza mayor, y que afecta a la sociedad en general y al medio rural muy especialmente.
Ante esta situación, la FCCyL ofrece a todos los ayuntamientos de la Comunidad su colaboración con la entidad que titularice la caza; bien sea el propio Ayuntamiento, la junta agropecuaria local o el Club de Cazadores de la localidad en cuestión. La oferta consiste en apoyo técnico para manejar de manera sostenible el coto y asesorar al grupo de cazadores de las posibilidades concretas que se hacen más factibles dentro de las estructuras federativas. “Pondremos a su disposición expertos en las ramas medioambientales, biológicas y veterinarias. También expertos en derecho y en el aspecto legal deportivo”, señalan desde la FCCyL.
A la vez y dada la situación de algunos pueblos y pedanías, donde los cazadores del lugar no sean suficientes para el control regulado de las especies y sus daños, la Federación de Caza ofrecerá grupos de cazadores reclutados y controlados por esta entidad para organizar la regulación poblacional de especies (jabalí, corzo, conejo, etc.) que sea necesaria, atendiendo siempre a las condiciones de cada territorio y a las directrices de sostenibilidad para las especies.
La Federación de Caza, a través de su presidente, Santiago Iturmendi, el presidente Honorífico, José L. Garrido, y los delegados de las provincias de Valladolid y Burgos, Jesús Hernández y Luis Carlos Prieto, respectivamente, han comenzado a proponer esta iniciativa aprovechando dos reuniones técnicas de las diputaciones de Valladolid en el mes de diciembre, y esta semana en Burgos ante unos 250 representantes de los ayuntamientos y pedanías burgaleses. A todos ellos se les ha expuesto también en ponencia y por escrito el esquema de esta colaboración, que será desarrollada y convenida con las diputaciones provinciales y que ofrece la Federación de Caza “para el control y defensa de la fauna, la caza, la naturaleza y el mundo rural”, sostienen.
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