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El verano en España se ha convertido en sinónimo de catástrofes medioambientales que devastan bosques, cultivos y, sobre todo, pueblos enteros. Municipios pequeños de provincias como León, Zamora o Palencia, junto con amplias áreas de Galicia, Extremadura, Asturias, Cantabria, Navarra y la Comunidad de Madrid, han alzado la voz contra lo que consideran un abandono institucional en la lucha contra los incendios forestales.
Los alcaldes de más de una treintena de localidades —Cubo de Benavente, Nogarejas, Castrocontrigo, Quintanilla de Flórez, Tabuyuelo, San Esteban de Nogales, Villamontán de la Valduerna, Jiménez de Jamuz, entre otras— han denunciado públicamente, señalan desde la Asociación UNASPI, que nadie ha acudido a sus municipios para sofocar las llamas. La frustración es mayúscula, pues muchos pueblos han visto arder en cuestión de horas el patrimonio natural y cultural que tardó siglos en construirse.
La petición de una declaración de emergencia nacional
Ante la magnitud de la tragedia, los representantes municipales han solicitado la Declaración de Emergencia de Interés Nacional, Nivel 3, medida que permitiría desplegar todos los recursos disponibles del Estado. Aunque actualmente están movilizados efectivos de las comunidades autónomas y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la realidad muestra que los medios son claramente insuficientes.
Los alcaldes reclaman que se active al Ejército y a Protección Civil en labores de prevención y extinción. Señalan que existen bombas de agua, maquinaria pesada y recursos humanos listos para entrar en acción, pero que permanecen sin utilizar. La indignación aumenta al comprobar que, mientras el fuego arrasa, el Ejército permanece acuartelado y Protección Civil no aparece en los pueblos afectados.
Vecinos y maquinaria agrícola, una fuerza ignorada
Uno de los puntos más polémicos, señalan desde Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (UNASPI) , es la prohibición impuesta a los vecinos de intervenir contra el fuego, incluso cuando disponen de maquinaria agrícola y pesada capaz de levantar cortafuegos y contener las llamas. Las llamadas telefónicas que reciben alcaldes y voluntarios, disuadiéndolos de organizarse, contrastan con la inacción de la administración.
Los representantes rurales afirman que, de habérseles permitido coordinarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, muchos pueblos podrían haberse salvado. La sensación de impotencia es enorme: se les impide proteger sus hogares y, al mismo tiempo, nadie acude en su auxilio.
El coste humano y patrimonial del abandono
La crisis ha dejado también un rastro de vidas humanas: voluntarios que fallecieron intentando proteger lo suyo sin medios adecuados. A ello se suma la destrucción de entornos naturales, bosques, pastos y cultivos que representan el sustento económico de numerosas familias.
El patrimonio cultural y arquitectónico de estos pueblos, muchos con iglesias románicas, ermitas centenarias y casas tradicionales, también ha quedado reducido a cenizas. Cada incendio no solo consume hectáreas de monte, sino también parte de la identidad de la España rural.
Acusaciones cruzadas y pérdida de legitimidad
Lejos de unirse para coordinar esfuerzos, las administraciones regionales y nacionales se han enzarzado en un cruce de acusaciones, critican desde la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (UNASPI) . Mientras tanto, ministros han sido criticados por realizar declaraciones consideradas frívolas e insensibles, instando a los pueblos a «pedir ayuda si la necesitan», cuando la demanda ya estaba sobre la mesa desde hacía días.
Este comportamiento ha llevado a los alcaldes a denunciar que los dirigentes pierden legitimidad cuando abandonan a su pueblo en una catástrofe. La falta de previsión, la incapacidad de respuesta y la ausencia de coordinación refuerzan la sensación de que existe una España abandonada, condenada a enfrentarse sola a tragedias que podrían haberse mitigado con una gestión adecuada.
La naturaleza como recurso a gestionar
El presidente de UNASPI, Miguel Ángel Aguilera, resume la situación con una reflexión clave: “La naturaleza no solo es un bien a conservar, es un bien a gestionar”. Esta frase pone de manifiesto la necesidad de cambiar el enfoque: no basta con proteger los espacios naturales, es imprescindible dotar de medios y estrategias de gestión preventiva que eviten que los incendios se conviertan en desastres imparables.
En este sentido, la petición de los pueblos no se limita a la extinción inmediata de las llamas, sino a la creación de un plan integral de prevención, donde los vecinos y sus recursos agrícolas se integren en la estrategia general, en lugar de ser apartados.
Una llamada urgente a la acción
El clamor de la España rural es claro: no quieren ser espectadores pasivos de cómo arden sus casas y sus montes. Reclaman coordinación, ayuda real y respeto hacia sus capacidades locales. La tragedia ha mostrado que el problema no es solo la sequía o el cambio climático, sino la desconexión entre las instituciones y el territorio.
Mientras no se reconozca la importancia de la gestión comunitaria y la necesidad de una respuesta rápida y efectiva del Estado, el abandono seguirá siendo la mayor herida de estos pueblos.
