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La Diputación exigirá a la Junta de Castilla y León la paralización inmediata del cambio de sede de la IGP del Lechazo desde Aranda a Zamora. Así se ha decidido en la sesión plenaria de la administración provincial, que ha aprobado por unanimidad de todos los grupos una propuesta presentada por el PSOE, mediante la que se insta a la Junta a mantener la sede de la IGP en Aranda.

Asimismo, el Pleno ha decidido extender esa petición al propio Consejo Regulador de la IGP, mediante la inclusión de dos propuestas añadidas por parte del equipo de Gobierno. Estos añadidos se traducen en la invitación a dicho Consejo a “recapacitar” sobre la posible decisión, a lo que se suma la disposición de la Diputación a tramitar “los acuerdos necesarios” con la IGP para frenar el traslado. 

El objetivo común de PP, PSOE y UPyD es defender el trabajo que desde Aranda han desempeñado durante más de catorce años para mantener un referente de calidad en el ámbito nacional. El diputado socialista y ex alcalde de la capital de La Ribera, Luis Briones, ha denunciado la ausencia total de “motivación jurídica o administrativa” por la que la sede de IGP haya tomado la aparente decisión de trasladarse  a Zamora. Aparente, porque, según Briones, no se ha recibido notificación oficial alguna al respecto.

Todos los grupos están de acuerdo en que nadie ha hecho más por ayudar, promocionar, financiar y potenciar la IGP del Lechazo, desconocida hasta el año 2002, que el Ayuntamiento de Aranda, los pueblos de la comarca de la Ribera, los ganadores, restauradores y todo el sector agroalimentario, por lo que están  dispuestos a utilizar todas las herramientas a su alcance para impedir el cambio de sede. 

Dudas competenciales

El único debate dentro del Pleno ha estado en si la paralización es o no competencia de la Junta de Castilla y León. Briones ha señalado que en esta comunidad “nunca se mueve nada sin autorización de la Junta”, por lo que no entiende que “de repente haya decidido ser neutral” y que no esté haciendo absolutamente nada ante la posible deslocalización de una importante institución cuya firma es una de las “grandes señas de identidad de los arandinos”. 

Por su parte, Borja Suárez, portavoz del equipo de Gobierno, ha recordado que la IGP es una entidad privada, por lo que ni la Junta ni la Diputación pueden presionarla. La propuesta del equipo de Gobierno ha sido entonces tender los puentes necesarios desde la Diputación para dificultar el traslado, invitando al Consejo Pleno de la IGP a reconsiderar su decisión, en el caso de que ya la haya tomado. Algo que, asegura Suárez, “desconocen”.

Teresa Ausín, www.burgosconecta.es

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